*La Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía capitalina y juzgados civiles documentaron y acusaron a Bernardo R.G. por un posible fraude superior a los 400 millones de pesos, en lo que inversionistas y ex socios describen como una “pirámide cuidadosamente construida”.
*El detenido fue dueño de la extinta The Phone House y conducía una camioneta de alta gama sobre la calle Mocambo, en el fraccionamiento Joyas de Mocambo.
*Será presentado ante un juez de Control de Netzahualcóyotl en el Estado de México.
Por E. G. de la C. / Fotos de la Cerna
Detectives de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con sus homólogos del Estado de México, detuvieron al empresario Bernardo R.G. en Boca del Río, cumpliendo un mandato judicial emitido por un juez de Control de Netzahualcóyotl.
Bernardo R.G., acusado de fraude, extorsión y lavado de dinero, es señalado por una red que habría engañado a decenas de personas físicas y morales en México por más de 400 millones de pesos. Se le vincula especialmente con la empresa New England Capital, señalada de operar un esquema de pirámide financiera ofreciendo altas ganancias sin respaldo real.
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El detenido, expropietario de The Phone House —distribuidora de Telcel en Veracruz— fue interceptado mientras conducía una camioneta de lujo y llevado para ser presentado ante un juez, quedando internado en el penal Neza-Bordo.
En marzo de 2025, un juez civil ordenó embargo precautorio sobre New England Capital en Boca del Río por un adeudo inicial de 5 millones de pesos, pero la acusación oficial habla de fraudes millonarios que suman más de 400 millones.
Desde abril de 2025, Bernardo R.G. tenía una ficha roja de Interpol y alerta migratoria activa, pero logró evadir la captura temporalmente debido a una suspensión provisional concedida por un juez federal, que perdió efecto tras nuevas pruebas en el proceso penal.
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Además de fraude, se le investiga por lavado de dinero, captación ilegal de recursos, evasión fiscal y simulación de operaciones.
En paralelo, el empresario presenta una denuncia por presunto fraude inmobiliario contra un notario público por más de 37 millones de pesos.
Las víctimas incluyen empresarios de alto perfil y firmas financieras que denuncian desvío de fondos sin respaldo legal ni contable.
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De ser vinculado a proceso, enfrentaría hasta 40 años de cárcel, y su caso es considerado uno de los escándalos financieros más graves en la región en la última década.
