Por Noemí Valdez/Reportera de Notiver
Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Agropecuario, dictaminaron procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado.
El objetivo primordial de esta reforma es que el abigeato sea reconocido formalmente como una conducta delictiva que afecta de manera directa a la producción pecuaria, la economía y la seguridad alimentaria.
En el dictamen, los integrantes de ambas comisiones consideraron viable la propuesta, bajo el argumento de que fortalece la protección al sector ganadero y cierra espacios a la impunidad.
De esta manera, se crea en la legislación local el delito de Tráfico Ilegal de Ganado, el cual sancionará la movilización, comercialización e identificación ilegal de ejemplares, incluyendo el uso indebido de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga).
Quienes incurran en esta práctica se enfrentarán a penas de tres a ocho años de prisión, así como a multas de hasta 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Esta reclasificación del abigeato responde a una política criminal orientada a inhibir su comisión, fortalecer la persecución penal y garantizar que las sanciones sean proporcionales al daño social que genera, evitando los esquemas de impunidad derivados de su antiguo tratamiento como un simple delito de carácter patrimonial.
Apenas el pasado 23 de mayo de 2026 se reportó un megarrobo de 148 reses en un centro de acopio ubicado en la comunidad de Sabanillas, perteneciente al municipio de Tuxpan, en el norte del estado de Veracruz.
Este golpe delictivo encendió de inmediato las alertas entre los productores locales debido a las pérdidas millonarias que representa para la región, además de dejar en evidencia la sofisticada logística de las bandas criminales.
Para movilizar 148 bovinos adultos se requieren entre cuatro y cinco tráilers tipo jaula ganadera de 48 a 53 pies, así como la participación de al menos 20 vaqueros para enjaular el ganado; a pesar de la magnitud del operativo, resulta inverosímil que nadie se percatara del robo.
Tras la aprobación en comisiones, los legisladores elaboraron el dictamen final que ya fue turnado a la Secretaría General del Congreso.
