Por FEDERICO
GARCIA/NOTIVER
La española Acciona, que controla a la empresa Grupo MAS y que mantiene inversiones vinculadas al sector hídrico en distintos países de América Latina, está bajo escrutinio debido a la creciente presión de los usuarios para revocar la concesión del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de Veracruz.
En la jornada del Cabildo Abierto, del 9 de junio, en el Ayuntamiento de Veracruz, representantes de asociaciones vecinales, defensores del agua, ambientalistas, ex trabajadores y usuarios del sistema demandaron que el municipio recupere el control del servicio.
Los principales reclamos están relacionados con denuncias por las tarifas excesivas, cobros por recargos considerados injustificados, suspensiones del suministro y presuntas deficiencias en calidad del agua distribuida a usuarios.
Los participantes sostuvieron que la inconformidad social se ha acumulado durante varios años y que la revisión de la concesión ya no puede postergarse, Grupo MAS ha incumplido con las expectativas que sustentaron la concesión.
Además, las autoridades municipales acusan presuntas violaciones al título de concesión, derivadas de obras hidráulicas ejecutadas para conducir agua hacia Boca del Río.
Dichos hechos han derivado en sanciones administrativas y una denuncia penal, incrementando la presión sobre la concesionaria.
El caso cobra especial relevancia debido a que Acciona no sólo controla Grupo MAS, sino que también participa en la operación de la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB), lo que, de acuerdo con diversas opiniones expresadas durante el foro, amerita una revisión por parte de las autoridades para determinar posibles implicaciones derivadas de la operación simultánea de ambos sistemas.
Aunque hasta ahora no existe una resolución que determine la cancelación de la concesión, el conflicto ha escalado a tal nivel que ya genera incertidumbre sobre la estabilidad de uno de los principales negocios de Acciona en México.
Para diversos participantes en el Cabildo Abierto, una eventual revocación del contrato enviaría una señal de alcance regional sobre desempeño y viabilidad de los modelos de concesión operados por la firma española.
