*El cochinero de SESVER
*Hasta regresaron dinero
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El desaseo de la Secretaría de Salud de Veracruz se re-confirmó con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
137 mdp en el primer año de #Nahle , en #SESVER hubo un subejercicio y en educación pagaron a los #muertos https://t.co/yY31z0LNJA
— NOTIVER (@NOTIVER) October 31, 2026
De acuerdo al documento el Gobierno del Estado de Veracruz devolvió un millón 056 mil 152.40 pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Este dinero correspondía a recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos que no habían sido comprometidos ni ejercidos en los plazos legales.
Pese a esta devolución inicial, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió tres pliegos de observaciones debido a que el gobierno estatal dejó un monto pendiente de aclarar que asciende a 87 millones 419 mil 439.43 pesos.
Las anomalías principales se concentran en el manejo de las nóminas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y en discrepancias dentro de los pagos del personal médico y administrativo.
El señalamiento más abultado equivale a 86 millones 920 mil 909.16 pesos del fondo FASSA.
De acuerdo con el informe de auditoría, las autoridades veracruzanas utilizaron dinero presupuestado para el ejercicio 2025 con el fin de pagar nóminas correspondientes al año anterior (2024), sin contar con la documentación justificativa ni las autorizaciones legales necesarias.
Asimismo, la ASF detectó que 232 mil pesos de dicho fondo no fueron ejercidos ni tampoco devueltos a la Tesorería Federal dentro del tiempo fijado por la ley.
A esto se suma una inconsistencia de 266 mil 530.25 pesos entre los montos pagados por concepto de servicios personales y los registros reales de las nóminas quincenales del programa de atención gratuita.
Ante estos hallazgos, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud estatal (SESVER) y la Contraloría General iniciaron los procedimientos de investigación administrativa para determinar el grado de responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
La entidad fiscalizada dispone de un plazo legal para presentar las aclaraciones o comprobaciones pendientes antes de que se proceda con el fincamiento de responsabilidades.
