POS’CLARO
*Se va a generar retrasos en los casos
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Los colectivos de familias buscadoras de Veracruz alzaron la voz para expresar su "profunda preocupación" ante las reformas legislativas que, ponen en riesgo la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE), mismas que generan inestabilidad administrativa, y podrían agravar la crisis de impunidad en el estado.
En un pronunciamiento conjunto, las familias, tanto de colectivos como independientes, pidieron a la LXVII Legislatura del Congreso del Estado abstenerse de realizar cambios que sometan a la FGE a intereses políticos.
Editor86
Los colectivos recordaron que la autonomía de la FGE no es un "privilegio institucional", sino una condición indispensable para que las investigaciones de las miles de personas desaparecidas se conduzcan sin presiones, garantizando objetividad e independencia técnica.
"En un estado con miles de personas desaparecidas, cualquier medida que debilite esta autonomía pone en riesgo la continuidad de investigaciones, la protección de las víctimas y la posibilidad de avanzar en la identificación de personas y en los procesos penales contra posibles responsables."
Las familias manifestaron la necesidad urgente de estabilidad administrativa dentro de la Fiscalía. Advirtieron que cada cambio abrupto en la estructura o el personal implica "retrasos en diligencias, pausas en dictámenes, ruptura de procesos técnicos, pérdida de información" y, lo más grave, obliga a las víctimas a "volver a explicar sus casos, reconstruir expedientes y reiniciar vínculos" que han tomado años construir.
Rechazaron que una ley permita remover a la persona titular de la FGE "conforme a los deseos o intereses del Ejecutivo", pues esto violenta el principio de independencia con el que fue creada la institución.
Los colectivos instaron a los diputados a que, si deciden legislar, lo hagan para fortalecer la respuesta del Estado ante la crisis de desaparición.
Pidieron enfocar las iniciativas en: Mejorar el marco legal en materia de desaparición y atención a víctimas.
Fortalecer financieramente las áreas de identificación forense, la contratación de personal especializado y la infraestructura científica.
"Las familias no solicitamos discursos ni simulación institucional, sino capacidad real para buscar, identificar y garantizar justicia," afirmaron, recordando que su trabajo es "profundamente humano," no político”.
