*¡QUIEREN ESCONDER LOS FEMINICIDIOS!
*Con la nueva Ley que impulsa la Federación
*Serían degradados a homicidios dolosos incluso a suicidios
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La posibilidad de que las investigaciones de asesinatos de mujeres sean degradadas a homicidios dolosos, culposos o incluso catalogadas como suicidios encendió las alarmas entre colectivos feministas.
Organizaciones nacionales e internacionales agrupadas en la red Todas MX señalaron que la iniciativa de modificación a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contiene un resquicio legal que permitiría cambiar el delito de feminicidio por el de homicidio.
Las activistas sostienen que el acceso a la justicia para mujeres y menores sigue siendo la gran asignatura pendiente en México y en estados como Veracruz.
De acuerdo con el análisis elaborado por 36 agrupaciones del país, el riesgo central se ubica en el último párrafo del artículo 10 de la propuesta, donde se establece que, de no acreditarse el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Las organizaciones señalaron que esta disposición convertiría en una vía legal una práctica institucional que han documentado durante años.
Denuncian además que el texto no exige controles suficientes, como exigir resoluciones fundadas y motivadas tras agotar el análisis de contexto, ni garantiza plenamente que las víctimas indirectas puedan impugnar la decisión ante un juez de control.
El pronunciamiento enfatiza que, aunque la propuesta parte de buenas intenciones, en la práctica debilita la legislación conquistada durante 15 años y abre la puerta a otros retrocesos.
Entre los riesgos identificados destaca la posible invalidación de conquistas legales estatales mediante artículos transitorios, lo que afectaría marcos normativos locales como la Ley Malena (ataques con ácido), la Ley Ingrid (difusión de imágenes), la Ley Monzón (pérdida de la patria potestad) y las sanciones a la violencia vicaria.
Asimismo, criticaron que el análisis de contexto quede en el texto como algo a "valorar" y no como una obligación, y cuestionaron que la iniciativa prometa nuevas unidades especializadas pero determine en sus transitorios que no habrá presupuesto adicional.
Pese a los señalamientos, las activistas reconocieron avances sustanciales en el proyecto del Ejecutivo, como la imprescriptibilidad del feminicidio, la eliminación de atenuantes o excusas absolutorias basadas en la "emoción violenta", el reconocimiento de una reparación transformadora y la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio.
Adicionalmente, sugirieron ajustar la definición del sujeto protegido en el artículo 6 para precisar la redacción a "persona del sexo femenino, de cualquier edad".
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo y enviada al Congreso de la Unión busca homologar el tipo penal en todo el territorio nacional, proponiendo penas de 50 a 70 años de prisión y la eliminación de beneficios o amnistías para los agresores.
La propuesta contempla 19 agravantes —como agresiones a menores, embarazadas, personas con discapacidad, periodistas y defensoras de derechos humanos— e incluye sanciones complementarias como la pérdida de la patria potestad, de derechos hereditarios y la inhabilitación de por vida para los servidores públicos que incurran en irregularidades.
