* Al peor secretario de salud
* Observaciones de la ASF, caso Araly, desabasto, etc.
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La Federación ha designado a Roberto Ramos Alor, ex secretario de salud de Veracruz como el nuevo coordinador del IMSS-Bienestar.
Sin embargo, Ramos Alor, salió del cargo el 19 de mayo del 2022 luego de una serie de críticas y señalamientos por su desempeño en el Gobierno de Cuitláhuac García; su lugar lo ocupó el finado Gerardo Díaz Morales.
La salida de Ramos Alor se dió en medio de diversos escándalos de corrupción en la dependencia que encabezaba y fue calificado “como el peor secretario de la última década”.
En el 2022, los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), tuvieron observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 11 millones 688 mil 646.34 pesos.
Otro escándalo en su paso por SESVER fue un reporte que hizo el entonces el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), quien refirió que en los almacenes de la Secretaría de Salud Estatal sí tenían medicamentos, pero estos no se entregan a los ciudadanos, ya sea por negligencia o falta de capacidad. La medicina estuvo almacenada en bodegas y caducaron.
A esto se suma una lista de compras irregulares como al corporativo Kosmos-Café Bersa S. de RL de SA de CV y Productos Serel S. A. de C.V. que fueron por adjudicación directa.
Esto, pese a que la empresa estaba relacionadca con los Panamá Pappers.
También entregaron contratos por adjudicación directa a empresas y personas físicas sin experiencia en el ramo médico ni actividades relacionada con el mismo.
El caso más emblemático fue el de la proveedora Arali Rodríguez Vez, con número de proveedor 32804 con actividad comercial de bienes informáticos, licencias, arrendamientos, materiales, útiles y bienes mobiliarios, pero vendió batas quirúrgicas y overoles por el orden de 34 millones de pesos.
Posteriormente se descubrió que era empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), que el domicilio de la supuesta empresaria era “fachada” y que en total había obtenidomás de 100 millones de pesos en contratos en distintas dependencias del Gobierno del Estado.
Aunque el caso fue ampliamente documentado, concluyó la pasada administración y no hubo sancionados por esta red de desvío de recursos.
