*El INEGI registró 22 mil 500 hogares donde al menos una persona cambió de residencia por violencia o inseguridad.
*Las familias buscadoras cuentan cómo las amenazas las obligaron a dejar sus casas
AVC/Perla Sandoval
Xalapa, Ver.- En Veracruz, familias de personas desaparecidas han tenido que abandonar sus hogares, municipios e incluso el estado tras recibir amenazas o enfrentar riesgos relacionados con la búsqueda de sus seres queridos.
Editor86
La desaparición puede ser el inicio de una cadena de violencia contra la familia.
La vigilancia y las intimidaciones para que abandone las investigaciones pueden terminar en un desplazamiento para proteger la vida.
Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, advierte que desmovilizar a las familias puede ser precisamente el objetivo de las amenazas.
“Hay personas que tienen prácticamente sentencias de los lugares en los que ocurrió la desaparición y justamente para desmovilizar esta parte legal amenazan y en ocasiones son así amenazas claras de ‘no regreses aquí, porque te va a pasar lo mismo que a tu familiar. Deja de andarle moviendo’”.
La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó en Veracruz 22 mil 500 hogares en los que al menos uno de sus integrantes cambió de residencia debido a violencia o inseguridad delictiva.
En conjunto, esos hogares estaban integrados por 64 mil 700 personas.
La cifra supera los 12 mil 100 hogares donde al menos una persona cambió de residencia por desastres naturales o de origen humano.
Sin embargo, la estadística no permite identificar cuántos de esos movimientos estuvieron relacionados con la desaparición de un familiar.
Perder un hijo y después tener que huir
Lucía de los Ángeles Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito Veracruz, recuerda el caso de una madre que tuvo que abandonar el lugar donde vivía después de la desaparición de su hijo.
Según su testimonio, el joven y un amigo habían sido extorsionados y posteriormente fueron desaparecidos, presuntamente por elementos de la Marina.
“Era una señora, estaba aterrada, aterrada, porque el caso de ella, al hijo y a un amigo de él los estaban extorsionando y finalmente, pues sí, lo desaparecieron unos marinos”.
La mujer se trasladó a otra localidad de Veracruz.
Díaz Genao perdió contacto con ella, pero recuerda el temor con el que se marchó.
“Ella se fue a otra ciudad en Veracruz, a otro pueblo, no sé. Ya le perdí la pista porque ella realmente, el terror que esa señora tenía no lo vas a ver muy seguido”.
Huir también significó perder su trabajo y dejar la vida que compartía con su madre.
“Ella se desplazó, pues perdió su trabajo (…) vivía con su mamá, entonces tuvo que irse. Imagínate, pierde al hijo y aparte, su vida estaba en un hilo”.
El caso coincide con uno de los escenarios que Palacios ha observado: familias que se desplazan cuando existe la presunción de que agentes del Estado participaron en la desaparición.
“He observado que casos de desaparición forzada es muy frecuente, porque hay amenazas y hay un temor, desde mi punto de vista bastante bien fundado, es que a tu familiar se lo puede haber llevado un agente del Estado”.
En algunos de los casos que ha acompañado, las familias han enfrentado vigilancia o acoso policial después de la desaparición.
“Hay familias, por ejemplo, que no solamente les desaparecen a su familiar, sino que además viven acoso policial constantemente (…) claro, cuando tienes vigilándote a un agente del Estado, pues lo que te provoca también es este moverte”.
No siempre hay tiempo para solicitar protección.
Palacios ha conocido casos en los que las familias son perseguidas o personas ingresan a sus viviendas, por lo que deben escapar de inmediato.
“En el momento, no tienen tiempo de ir a llamar al 911, o de presentar una denuncia, simplemente lo que tienen que hacer es huir para conservar su vida”.
No se sabe cuántas familias han sido desplazadas
Pese a los casos conocidos por colectivos y organizaciones, no existe una estadística oficial que permita determinar cuántas familias de personas desaparecidas en Veracruz han tenido que desplazarse por amenazas o riesgos relacionados con sus casos.
Una dificultad es establecer el origen del peligro.
Palacios distingue entre el riesgo directamente relacionado con la desaparición y el que deriva de las condiciones de violencia en la comunidad donde vive la familia.
“No tenemos una cifra, podemos ir haciendo registros, pero las dinámicas van cambiando constantemente (…) O sea, riesgo del caso y riesgo de la comunidad, de la localidad”.
Los colectivos cuentan con aproximaciones a partir de los casos que conocen.
Lidia Lara, representante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, ha señalado que sabe de alrededor de 30 madres buscadoras que abandonaron sus municipios o salieron del estado por motivos de seguridad.
“En el estado de Veracruz hay 46 colectivos y hay muchas familias desplazadas por la situación de la desaparición de sus familiares; no tengo la cifra correcta, pero sí de algunas compañeras que conozco son como 30 casos de compañeras que se han tenido que desplazar”.
Para ellas, marcharse también puede significar cambiar la forma en que buscan a sus familiares.
“Tenemos que a veces idear la manera de cómo seguir buscando, porque cuando una persona se tiene que desplazar, pues obviamente ya no va a poder trabajar en el estado”, explicó Lara.
Dejar la casa no termina con las consecuencias
El caso de Minerva Espinoza Ramos muestra que el desplazamiento relacionado con una desaparición no es un fenómeno reciente en Veracruz.
Su historia fue documentada por Morna Macleod, profesora-investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Minerva, originaria de Tlapacoyan, sufrió el secuestro de su esposo, Guillermo Quijado Marín, en junio de 2012.
Después de intentar denunciar, comenzó a recibir amenazas contra ella y su familia.
Ella y su hija escaparon por la parte trasera de su vivienda.
Primero se desplazaron a Puebla y posteriormente a Xalapa, mientras Minerva continuaba los trámites relacionados con la desaparición.
“Hay muchos que están en desplazamiento, porque perdieron a alguien y son presas del miedo porque han sido amenazadas las familias, entonces prefieren irse, como es el caso de nosotros”, relató en el testimonio recuperado por Macleod.
Salir de Tlapacoyan no terminó con las consecuencias.
Minerva y su hija tuvieron que conseguir vivienda e ingresos mientras continuaba la búsqueda.
“…como desplazados nos damos cuenta de que no hay derecho a la vivienda, no hay programas para los desplazados, no hay becas para sus hijos, caminamos a cuestas con esto. Hemos hecho de todo, porque hay que entrarle a cualquier trabajo que nos pueda apoyar para sacar adelante a la familia, en mi caso a mi hija”.
Palacios identifica estas consecuencias en los casos que ha acompañado: el desplazamiento trastoca el empleo, la vivienda, los ingresos y las redes familiares, mientras las víctimas intentan acceder a mecanismos de ayuda y protección.
Buscar también puede ponerlas en riesgo
El riesgo no necesariamente termina cuando una familia deja su comunidad.
Participar en búsquedas también puede exponerla a situaciones de violencia, señala Palacios.
“A mí me consta porque hemos estado en algunos espacios donde se está haciendo o recuperación o búsqueda y te toca que escuchas detonaciones. Y eso implica que tiene que salir de ese lugar en ese preciso momento”.
Para Palacios, esta realidad obliga a revisar las condiciones en las que el Estado garantiza la participación de las familias.
Los principios rectores de Naciones Unidas establecen que las búsquedas deben realizarse en condiciones seguras, y los análisis de riesgo tendrían que identificar amenazas y establecer medidas de protección.
Sin embargo, considera que la seguridad continúa rezagada frente a otros aspectos de la búsqueda.
“Dejamos de lado discusiones tan importantes como la seguridad. Y no es que porque algunas compañeras van a búsqueda y suben fotos con chalecos antibalas, con cascos y todo. Creo que eso no es la idea de seguridad que deberíamos de estar teniendo en cuanto a la violencia, a las desapariciones y concretamente el desplazamiento, porque creo que todavía estamos como muy incipientes en esa discusión”.
Las estadísticas registran hogares veracruzanos donde hubo cambios de residencia por violencia, mientras los colectivos conocen casos de buscadoras que tuvieron que marcharse.
Pero no existe un registro que permita saber cuántas desapariciones han provocado también el desplazamiento de quienes buscan a sus familiares.
En algunos casos, la decisión de huir ocurre antes de conseguir una valoración de riesgo, protección institucional o cualquier otra medida.
“Se van con permiso, sin evaluación o con evaluación de riesgo, pero se van porque también la vida es algo que las familias de personas desaparecidas cuidan para seguir buscando”, resume Palacios.
