Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Tras los señalamientos de la gobernadora Rocío Nahle García, quien relacionó a la familia Yunes Zorrilla con la exploración y presunta comercialización irregular de un pozo agrícola en la zona alta de Altotonga y Jalacingo, el excandidato a la gubernatura, José Francisco Yunes Zorrilla, emitió un comunicado oficial para negar categóricamente dichas acusaciones.
En conferencia de prensa, la mandataria estatal afirmó que solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revisar el caso, advirtiendo que, si se comprueba que la familia está lucrando con el recurso hidrológico sin contar con el permiso correspondiente para venta, se les retirará la concesión.
No obstante, Nahle reconoció que la Conagua indicó preliminarmente que dicha extracción no afecta a los pozos vecinos y sostuvo que la protesta de los pobladores es legítima, asegurando que no habrá desalojo policial.
En respuesta a estas declaraciones, Pepe Yunes rechazó cualquier vínculo con la propiedad u operación del aprovechamiento hídrico.
“No somos concesionarios de ese pozo y nada tenemos que ver con su operación. Urgimos a la autoridad competente a explicar la situación jurídica de esa concesión y a proceder conforme a derecho”.
Asimismo, el político veracruzano expresó su respaldo a los habitantes de las comunidades afectadas, empatizando con su angustia por la escasez de agua y respaldando su derecho a exigir respuestas con sustento documental.
Anunció que acudiría formalmente ante la Conagua para solicitar información sobre el caso y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, Yunes Zorrilla acusó a la gobernadora de calumniarlo “No permitiré que la gobernadora me calumnie con la misma ligereza con la que gobierna Veracruz.
Siempre he actuado con transparencia y estoy dispuesto a responder por mis actos.
Quien acusa públicamente también debe estar dispuesto a conducirse con esa misma transparencia”.
Cabe mencionar que los campesinos provenientes de los municipios de Altotonga y Jalacingo fueron desalojados por elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
