*Sindicatos la rechazan
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Un total de 36 sindicatos magisteriales del Estado se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para expresar su inconformidad ante el nombramiento de Rachel Guadalupe Hernández Domínguez como nueva directora de Recursos Humanos de la dependencia.
Los secretarios generales de las organizaciones de maestros recordaron que la funcionaria se desempeñaba anteriormente como directora general de Catastro y Valuación del Gobierno del Estado, por lo que criticaron la falta de un perfil afín al sector.
Al respecto, Tonatiuh Paredes Rangel, secretario general del Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (SIRMA), hizo un llamado respetuoso al Gobierno del Estado y a la SEV para privilegiar la continuidad y la eficiencia administrativa interinstitucional por encima de cualquier otro interés, argumentando que como representantes de miles de trabajadores conocen de primera mano la problemática que diariamente enfrentan las escuelas, el personal administrativo, los docentes y, principalmente, los alumnos.
Los líderes sindicales reconocieron plenamente que el nombramiento y la remoción de servidores públicos constituyen una facultad legal de la administración estatal; sin embargo, sostuvieron que dichas decisiones deben responder prioritariamente al interés superior de la niñez, a la eficiencia del servicio público y a la consolidación de equipos de trabajo con experiencia y conocimiento de la función educativa, y no operar como una agencia de acomodo político.
En ese sentido, manifestaron su preocupación por la constante rotación de funcionarios en diferentes áreas de la SEV, advirtiendo que esto afecta directamente la atención de los trabajadores.
Consideraron indispensable que esta responsabilidad sea ocupada por perfiles de capacidad técnica que lleguen a construir y fortalecer las instituciones desde el primer día, especialmente en una etapa crítica donde se desarrollan procesos de cambios de adscripción, movimientos de personal y regularizaciones administrativas.
Finalmente, aclararon que su postura no obedece a intereses personales ni políticos, sino a la defensa de la estabilidad administrativa y el derecho de los docentes a recibir respuestas oportunas.
Advirtieron que cuando un trámite se retrasa, los principales afectados son los alumnos que esperan contar con sus maestros en tiempo y forma, por lo que sentenciaron que resulta injusto atribuir a las organizaciones sindicales la responsabilidad del rezago administrativo en la entidad.
