Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El Congreso de Veracruz modificó diversas disposiciones de la Ley Número 483 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz (CEDHV), con las cuales el organismo contará con una Contraloría Interna y tres subdirecciones:
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; de Responsabilidades Administrativas, y de Normatividad, Auditoría y Control.
Otro cambio corresponde a la duración del encargo de quien presida la Comisión.
El periodo pasará de cinco a seis años, con posibilidad de una segunda designación.
La presidencia continuará siendo designada por el Congreso del Estado mediante convocatoria pública, con participación de organizaciones civiles, asociaciones, colegios e instituciones académicas vinculadas con la defensa de los derechos humanos.
Además podrá ampliar sus fuentes de ingresos mediante donaciones, aportaciones de organismos públicos y privados, así como recursos que obtenga por los servicios que preste, entre ellos cursos de capacitación.
En la sesión de este jueves, los diputados aprobaron diversas disposiciones relacionadas con el patrimonio del organismo y contempla que pueda recibir subsidios, donaciones y aportaciones tanto del gobierno federal, estatal y municipal como de instituciones y organismos nacionales e internacionales, públicos o privados.
El cambio también incorpora como parte de su patrimonio los ingresos que reciba por cualquier concepto, así como bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que obtenga por medios legales.
Con ello, la Comisión podrá contar con fuentes de recursos distintas a las asignaciones presupuestales gubernamentales, entre ellas los ingresos derivados de actividades de capacitación y formación que realice.
La modificación legal también amplía las atribuciones de la CEDH para vigilar y supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario estatal, así como en cárceles municipales, centros de internamiento, centros de detención y separos.
Además, incorpora facultades para supervisar las condiciones en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes albergados en centros de asistencia social estatales y municipales.
El organismo también podrá desarrollar acciones preventivas para personas quejosas, víctimas y personas ofendidas, mediante orientaciones, gestiones y acompañamientos para hacer efectivos sus derechos
