Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
A través de un video, la presidenta del DIF de Ixhuatlán del Sureste, Cinthya Celeste Álvarez Ramírez, acusó que autoridades catearon un domicilio donde menores de edad eran resguardados.
Al respecto dijo que se trata de una maniobra con fines políticos contra ella y su esposo, el alcalde desaforado Raúl González Martínez.
La presidenta del DIF aseguró que el resguardo de los menores contaba con autorización ministerial y judicial, por lo que anunció que emprenderá acciones legales para defenderse.
Al respecto, relató que el pasado 7 de noviembre, autoridades ministeriales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble destinado al cuidado de niñas, niños y adolescentes bajo protección del DIF; los agentes llegaron de manera violenta rompiendo puertas y ventanas, además de ocasionar daños en viviendas vecinas.
En el operativo se puso en riesgo a los menores de edad por lo que pidió investigar si su ejecución y el uso de la fuerza se ajustaron a los términos establecidos por el juez.
Tras el cateo, cuatro menores que permanecían bajo resguardo institucional fueron trasladados al DIF de Coatzacoalcos por disposición de la Fiscalía, confirmó la funcionaria.
Explicó que el traslado quedó documentado mediante un acta de entrega-recepción y que únicamente representó un cambio de institución responsable de su cuidado provisional, sin que se hubiera ordenado su reintegración familiar ni concluido las medidas de protección.
Álvarez Ramírez cuestionó el desarrollo de la investigación contra su esposo y afirmó que desde agosto ha tenido dificultades para acceder a la carpeta correspondiente.
También sostuvo que las acusaciones se apoyan en el testimonio de una persona que no presenció directamente los hechos, circunstancia que, dijo, deberá revisar su defensa.
Ante lo que considera una persecución política, solicitó la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se revisen las actuaciones de las autoridades estatales y se garantice el respeto a sus derechos.
La presidenta del DIF también manifestó preocupación por su seguridad y la de su familia, al denunciar que han enfrentado una situación de acoso durante varios meses.
Finalmente solicitó que las autoridades evalúen los riesgos y, de ser necesario, establezcan medidas de protección.
