*Empresas foráneas… tampoco pagan impuestos
*Violan la Ley de Adquisiciones del Estado
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Empresarios de Veracruz a los que se les prometió que los contratos del gobierno se quedarían en la entidad, están molestos, porque aunque buscan participar en licitaciones estatales empresas de Jalisco, Chiapas, Puebla y Ciudad de México les arrebatan los contratos en las dependencias.
A pesar de que pagan impuestos, generan empleos y cumplen con las disposiciones de las autoridades, cuando llega el momento de contratar algún servicio o comprar insumos, se les ignora al entregar por “dedazo” los contratos.
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Por temor a represalias, prefieren omitir sus nombres, pero, han apuntado que parte de la crisis económica del estado es fomentada por el propio gobierno.
Al respecto, señalaron que cuando las empresas de otros estados se llevan los contratos, especialmente los públicos, puede haber diversas consecuencias negativas para la economía local.
Entre estas, han mencionado la menor derrama económica, pues los fondos del contrato pueden no se reinvierten, ya que la empresa foránea traen a sus propios empleados, proveedores y equipo, en lugar de contratar a gente del estado donde se realiza el proyecto.
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A esto se suma la pérdida de empleos; estas empresas de otros estados no generan empleos para los residentes locales, lo que afecta la tasa de desempleo y el crecimiento de la fuerza laboral en la región.
A esto se suma el poco desarrollo de proveedores locales ya que las empresas foráneas suelen trabajar con su red de proveedores habitual, lo que dificulta el crecimiento de las empresas y proveedores locales.
Con la entrega de contratos “por dedazo” se viola la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Veracruz misma que establece montos máximos para los contratos que se otorgan por adjudicación directa.
La cifra es de 101 mil pesos y está alineada con el límite establecido por el gobierno estatal para contratos por adjudicación directa.
Este monto se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y fluctúa anualmente.
Este límite busca fomentar la transparencia y la competencia en la contratación pública.
Para contratos que superan este monto, las dependencias y entidades de gobierno deben recurrir a procedimientos de licitación pública o, en su caso, a invitación a cuando menos tres personas, a menos que existan excepciones específicas y justificadas por la ley.
