*Alcaldes avalan el desafuero
*124 a favor y 4 en contra
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
A pesar del llamado explícito de las dirigencias estatales de partidos de oposición para votar en contra, un total de 124 cabildos municipales avalaron el decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Al tratarse de una modificación a la Carta Magna local, la legislación exigía la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos de la entidad para consumar el proceso constituyente permanente; al Congreso local solo llegaron 4 actas de cabildo que rechazaron la modificación.
Esta iniciativa, presentada originalmente el 17 de septiembre de 2026 por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, fue aprobada previamente en el Pleno del Congreso del Estado con un respaldo de 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
La reforma retira de manera definitiva la declaración de procedencia —conocida comúnmente como fuero constitucional— a alcaldes, síndicos y presidentes de concejos municipales en la entidad.
Como efecto práctico, las autoridades municipales que sean señaladas por la probable comisión de un delito podrán ser investigadas y enfrentar procedimientos penales de manera directa ante las autoridades competentes, sin requerir de un juicio de desafuero previo por parte del Congreso local.
Cabe mencionar que, previo a la votación en los cabildos, Adolfo Ramírez Arana dirigente del PRI, hizo un llamado a los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz para sesionar en contra.
Sin embargo, la mayoría de los ediles hicieron caso omiso a esta consigna y avalaron la iniciativa.
Por su parte la dirigente estatal del PAN, Ana Cristina Ledezma López, señaló que la medida es una "simulación" porque mantiene el fuero a la gobernadora, a los secretarios de despacho, a los diputados y a la titular de la Fiscalía General del Estado; El partido pidió a los cabildos y regidores de la entidad no respaldar ni aprobar la reforma en sus municipios.
Con la ratificación de los 136 municipios, la reforma constitucional queda lista para su promulgación e integración formal a la legislación; una vez publicada en la Gaceta Oficial del Estado, entrará en vigor en toda la entidad y cualquier servidor público municipal que sea requerido por la justicia podrá ser procesado o detenido sin necesidad de un juicio de procedencia previo.
