*Pero la ASF se los observó por no notificar al Congreso
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que encabeza Miguel Santiago Reyes Hernández reportó que durante el ejercicio 2026 concretó una operación de refinanciamiento de deuda por 4 mil 841.4 millones de pesos y tres reestructuras por 3 mil 841 millones de pesos sin solicitar autorización del Congreso local ni realizar procesos competitivos.

De acuerdo con el Tercer Informe Trimestral de Finanzas Públicas 2026, la dependencia estatal justificó que estas maniobras financieras se realizaron al amparo de los artículos 23 y 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
En el documento, la Sefiplan detalló que el refinanciamiento consistió en sustituir créditos vigentes por nuevos financiamientos para reducir el costo financiero, mientras que las tres reestructuras permitieron disminuir los porcentajes de afectación de las Participaciones Federales, liberando recursos previamente comprometidos sin incrementar el saldo insoluto ni ampliar los plazos de vencimiento.
La dependencia aclaró que, contablemente, estas operaciones se reflejan tanto en los ingresos como en los egresos al registrarse la disposición de los nuevos créditos y la liquidación simultánea de los anteriores, pero subrayó que no representan ingresos adicionales ni generan disponibilidad neta de recursos para otros fines.

Aunque el gobierno estatal ha sostenido que la ley lo exime de pedir autorización legislativa previa para este tipo de ajustes, la revisión de la Cuenta Pública 2025 realizada por la ASF (bajo la Auditoría 2119) evidenció que la Sefiplan sí incurrió en una omisión de transparencia al no informar oportunamente al Poder Legislativo sobre el manejo de la deuda.
En dicho dictamen, el órgano fiscalizador documentó que el Ejecutivo modificó las condiciones de tres créditos contratados originalmente con BBVA Bancomer por un monto global de 4 mil millones de pesos.
Aunque los convenios se firmaron el 16 de diciembre de 2025 y se inscribieron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hasta el 6 de marzo de 2026, la Sefiplan omitió notificar a la legislatura local dentro del plazo legal de 15 días naturales posteriores a su contratación.
La ASF señaló en su informe que la secretaría dejó temporalmente en la opacidad a los diputados locales y que fue únicamente tras la intervención del personal auditor cuando la dependencia entregó, de manera extemporánea, los acuses de notificación correspondientes para solventar la anomalía administrativa.
