*No está a la vanguardia
*Estados ya lo implementan tras la pandemia
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La organización Impunidad Cero realizó un trabajo llamado Índice de Transformación Digital de las Fiscalías para evaluar avances, buenas prácticas y desafíos en este proceso de digitalización que se intensificó a partir de la pandemia de Covid-19.
Al respecto, se alerta que México enfrenta una alarmante cifra negra comparable al grave problema de impunidad en el país: casi el 93% de los delitos no se denuncian, y la probabilidad de resolver un delito denunciado es de apenas el 0.9%.
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Entre las razones principales por las que las víctimas de un delito deciden no denunciar son la desconfianza hacia las autoridades, la percepción de trámites largos y la sensación de que es una pérdida de tiempo.
Estos desafíos resaltan la importancia de la transformación digital en las fiscalías para mejorar el acceso a la justicia.
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De acuerdo al reporte los estados mejor evaluados: Ciudad de México y Chihuahua (84.4%), seguidos por Guanajuato y Nuevo León (más del 80%).
Estados con menores avances: Morelos, Tlaxcala, Campeche, Tamaulipas y Guerrero (menos del 40%). Solo 19 de 32 fiscalías cuentan con plataformas de denuncia o pre denuncia en línea.
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Entre los estados pendientes está Veracruz, Campeche, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas.
En varios estados, las restricciones geográficas y presupuestarias afectan la operatividad de las fiscalías, al depender de una infraestructura tecnológica deficiente, como el acceso a internet.
Se destaca que los estados de Baja California, Chihuahua y Nuevo León cuentan con un servicio en el que los ciudadanos pueden realizar denuncias mediante videollamadas.
El estudio agrega que la transformación digital de las procuradurías y fiscalías del país no puede considerarse integral sin sistemas informáticos que faciliten el registro y seguimiento de los casos.
Estos sistemas no solo permiten digitalizar elementos de las carpetas de investigación, sino que son esenciales para darles trazabilidad y seguimiento a los casos, incluso después de su judicialización.
En el mejor de los casos, estas plataformas pueden estar interconectadas con otras instituciones, como el Poder Judicial, para el inicio y seguimiento de las causas penales, la asignación de defensores o el seguimiento de las medidas cautelares.
