*Figuran entre los 17 mexicanos fallecidos bajo la custodia del ICE
Por Alba Alemán Reportera de NOTIVER
Xalapa, Ver.- El Gobierno de México emprenderá acciones penales, civiles e internacionales para exigir que se investiguen las 17 muertes de mexicanos ocurridas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o durante operativos migratorios, entre ellas las de dos veracruzanos.
Editor86
Durante la conferencia matutina de este jueves, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó que la Cancillería solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las fiscalías estatales correspondientes, con el fin de determinar posibles responsabilidades.
El funcionario detalló que 14 de los fallecimientos ocurrieron en centros de detención migratoria y tres más durante operativos del ICE.
Cientos de personas se manifestaron en Houston, Texas, para exigir justicia por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre las víctimas se encuentran Heber Sánchez Domínguez, originario de Las Choapas, y Alberto Gutiérrez Reyes, ambos veracruzanos que murieron este año mientras permanecían bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.
Heber Sánchez tenía 34 años.
Fue detenido el 7 de enero de 2026 en Atlanta, Georgia, por conducir sin licencia y cuatro días después ingresó al Centro de Detención Robert A.
Deyton, en Lovejoy, donde enfrentaba un proceso de deportación.
Los registros del Departamento de Seguridad Nacional indican que al ingresar no presentaba enfermedades, problemas de salud mental ni antecedentes suicidas.
Sin embargo, la madrugada del 14 de enero fue localizado inconsciente dentro de su celda con una cuerda alrededor del cuello.
Aunque personal del centro de detención y médicos de un hospital intentaron reanimarlo, murió poco después.
Su compañero de celda declaró que, antes de perder el conocimiento, alcanzó a decir que se sentía mal.
La familia ha rechazado la versión de un presunto suicidio y exige que se esclarezca si recibió atención médica oportuna.
"Que se haga justicia y se investigue por qué no le dieron atención médica", pidió públicamente su hermano, Feliciano Sánchez.
El segundo caso es el de Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, quien llevaba casi 25 años viviendo en Estados Unidos, donde trabajaba en la construcción y había formado una familia.
Fue detenido el 9 de enero en Los Ángeles por su situación migratoria y trasladado al Centro de Procesamiento de Adelanto, en California.
De acuerdo con los propios registros del ICE, desde su ingreso presentaba hipertensión y niveles elevados de glucosa, además de diversos problemas de salud que se agravaron durante las semanas siguientes.
Durante casi dos meses reportó fiebre, dolor de cabeza, garganta y cuerpo, además de mareos.
El 25 de febrero fue trasladado de emergencia a un hospital por dolor en el pecho y síntomas neurológicos.
Murió dos días después a causa de un paro cardiaco.
Su esposa, Patricia Martínez, denunció que la familia nunca fue notificada oportunamente de su fallecimiento y que no tuvo oportunidad de despedirse de él.
También relató que Alberto fue detenido por agentes migratorios cuando desayunaba antes de dirigirse a su trabajo y que durante el arresto resultó lesionado.
Como parte de la estrategia anunciada este jueves, el Gobierno de México también promoverá acciones civiles contra empresas privadas encargadas de operar centros de detención migratoria, solicitará medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los mexicanos recluidos en esas instalaciones y pedirá la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Cancillería aseguró que las acciones abarcarán los 17 casos documentados hasta el momento, con el propósito de esclarecer posibles negligencias, falta de atención médica o violaciones a los derechos humanos de personas mexicanas bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos.
