*El Ayuntamiento de Veracruz lo acusa por probable comisión de delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa
Por FEDERICO GARCIA
Reportero de NOTIVER
El Ayuntamiento de Veracruz denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Grupo MAS, que opera la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado, por probable comisión de delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa.
Editor86
En la Carpeta de Investigación 2469/2026, del índice de la Fiscalía 5ª de la UIPJ, el ayuntamiento que preside la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo integró indicios para acreditar la probable responsabilidad del Grupo MAS en esos ilícitos, bajo la premisa que el gobierno porteño no permitirá afectaciones al patrimonio de Veracruz ni abusos contra los usuarios del servicio de agua.
Aunque la concesión fue otorgada a Grupo MAS, la denuncia indica pagos por 176.7 millones de pesos, durante 2024 y 2025, por servicios a empresas vinculadas a la española ACCIONA, además de sueldos anuales de hasta 5.8 millones de pesos entre sus directivos, operaciones que se solicitó investigar por evidente irregularidad.
Los denunciantes afirman que existe una cartera por 2 mil 660 millones de pesos que, Grupo MAS, pretendió cobrar a más de 82 mil familias, situación que fue rechazada por el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) debido a las inconsistencias y falta de elementos para acreditar que la existencia de todos esos adeudos.
De ese monto, más de 656 millones de pesos correspondían a “consumos no facturados”, también se observan varias cuentas con problemas de antigüedad, prescripción y recargos, por lo que solicitan se aclare cómo fueron integradas esas cantidades, quiénes las autorizaron y con qué sustento pretendían hacer el cobro.
Asuntos Legales del gobierno municipal solicitó a la FGE se realicen peritajes contables y financieros, revisión de contratos e información fiscal para determinar posibles daños, además se tomen en cuenta las observaciones derivadas de auditorías del ORFIS y, de acreditarse la comisión de delitos, se ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables.
La alcaldesa porteña sostiene que su gobierno no claudicará en la defensa del patrimonio municipal y de los derechos de los usuarios, reiterando mantendrá una posición firme para esclarecer las probables irregularidades y llegar hasta las últimas consecuencias legales en contra de quienes resulten responsables.
