Por Noemí Valdez/Reportera de Notiver
El Congreso de Veracruz aprobó tipificar el delito de saqueo o “rapiña” con penas de 2 a 5 años de prisión mediante una reforma al Código Penal de la entidad con la que se busca proteger la seguridad en las carreteras, salvaguardar el patrimonio de particulares y garantizar la integridad del sector transporte.
La iniciativa que obtuvo 46 votos a favor fue turnada para su estudio en mayo pasado y aprobada en comisiones el 2 de octubre de 2026.
Esta medida atiende una de las demandas históricas más reiteradas por diversas organizaciones y gremios de transportistas en la entidad, quienes han denunciado de manera constante las pérdidas económicas y los riesgos a los que se enfrentan tras sufrir percances viales.
El diputado Omar Edmundo Blanco dijo que de acuerdo con el dictamen legislativo, la problemática radica en el apoderamiento ilegal de mercancías que ocurre inmediatamente después de accidentes o siniestros viales muchos de los cuales hay la sospecha de que son provocados.
La resolución destaca que estos actos aprovechan el estado de vulnerabilidad, confusión y desorden en el que quedan las unidades de carga y los operadores.
Esto no solo agrava el impacto económico para las empresas y permisionarios, sino que pone en riesgo vidas humanas y obstaculiza las maniobras de auxilio y rescate.
En términos normativos, las comisiones dictaminadoras ajustaron la propuesta inicial para adicionar el artículo 208 Bis al Código Penal del Estado —en lugar del 207 Bis originalmente planteado—, con el fin de garantizar una mejor técnica legislativa y delimitar con precisión la conducta sancionable dentro del marco de agravantes por apoderamiento de bienes.
El nuevo precepto establece formalmente que a quien se apodere de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos públicos o privados, aprovechando el contexto de desorden generado por un percance vehicular, se le impondrán de dos a cinco años de prisión, además de una multa económica de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Los legisladores concluyeron que la reforma es jurídicamente viable y técnicamente sólida, respetando los principios constitucionales de presunción de inocencia y proporcionalidad de las penas.
