Por: LEOPOLDO TLAXALO/NOTIVER
El alcalde del corredor naranja de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quedó envuelto en la controversia pública luego de ser exhibido por presuntamente percibir un salario superior al de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, situación que ha generado críticas por un posible desacato a la Ley de Austeridad y a las recomendaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
De acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el presidente municipal registra una percepción mensual neta de 100 mil pesos, mientras que la titular del Ejecutivo estatal recibe aproximadamente 84 mil pesos mensuales, hecho que contradice el discurso oficial de contención del gasto y austeridad gubernamental.
La situación ha provocado cuestionamientos ciudadanos debido a que el propio ORFIS pidió recientemente a los ayuntamientos revisar y ajustar los salarios correspondientes al capítulo 1000 de servicios personales, con el propósito de evitar excesos en las nóminas municipales.
Sin embargo, en Úrsulo Galván, las cifras parecen ir en sentido contrario.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la marcada diferencia entre el salario bruto y el salario neto reportados por el Ayuntamiento.
Según la actualización realizada el pasado 13 de abril de 2026 en la PNT, Bertín Bravo aparece con un ingreso bruto mensual de 30 mil 600 pesos; no obstante, el monto neto que finalmente percibe asciende a 100 mil pesos, generando dudas sobre el origen de compensaciones y prestaciones adicionales.
Además, dentro del presupuesto de egresos 2026 aprobado por el Congreso del Estado, el alcalde tendría contempladas “otras prestaciones” que alcanzarían hasta un millón 253 mil 208.96 pesos anuales, cifra que ha sido considerada excesiva por habitantes del municipio, quienes señalan que existen necesidades prioritarias en infraestructura, servicios públicos y apoyo social.
Las críticas toman mayor fuerza luego de que la gobernadora Rocío Nahle advirtiera públicamente que ningún alcalde debería ganar más que el titular del Poder Ejecutivo estatal, señalando incluso casos como Poza Rica y Nanchital, donde solicitó al ORFIS una revisión exhaustiva de las percepciones salariales.
