*Ex funcionarios gozaron de "pensiones doradas", a las cuales apenas les pusieron punto final en meses recientes
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 17 años, desde que el Gobierno federal extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en octubre de 2009 por ser financieramente inviable, ex funcionarios gozaron de "pensiones doradas", a las cuales apenas les pusieron punto final en meses recientes.
Las pensiones de estos ex empleados de LyFC, que en marzo alcanzaron montos de hasta 1.9 millones de pesos mensuales, fueron reducidas a 56 mil pesos, de acuerdo con los nuevos registros oficiales de obligaciones de transparencia.
Entre los involucrados aparecen los mismos ex trabajadores que el Gobierno federal exhibió a principios de año como beneficiarios de las llamadas "pensiones doradas" y cuyos pagos, posteriormente, incluso registraron incrementos de hasta 90 por ciento.
El 13 de marzo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó el padrón de jubilados y pensionados de distintas empresas del Estado, con información correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
En ese registro, Jorge Evodio Chapa de la Torre, ex subdirector de LyFC, aparecía con una pensión superior al millón de pesos mensuales.
Sin embargo, una revisión realizada posteriormente por REFORMA a las obligaciones de transparencia, actualizadas al 31 de marzo, encontró que el monto atribuido al ex funcionario había aumentado a un millón 914 mil 55 pesos mensuales.
Varios ex funcionarios más tenían pagos millonarios, entre ellos Edgar Velázquez Butrón, con un millón 842 mil 660 pesos mensuales, y Kenneth Sydney Smith Jacobo, con un millón 842 mil 571 pesos.
¿Cuánto recibían los exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro?
Los primeros datos divulgados por la Secretaría Anticorrupción ubicaban a Jorge Evodio Chapa de la Torre, exsubdirector de LyFC, con una pensión mensual de 1 millón 77 mil 533 pesos durante 2025.
Edgar Velázquez Butrón aparecía con 1 millón 37 mil 341 pesos, mientras que Kenneth Sydney Smith Jacobo registraba 1 millón 37 mil 291 pesos.
Sin embargo, una revisión posterior de REFORMA a las obligaciones de transparencia actualizadas al 31 de marzo de 2026 encontró cifras todavía mayores.
Los registros consultados entonces señalaban:
Los registros más recientes, con corte a junio, colocan ahora el pago de los tres en 56 mil 362 pesos mensuales, de acuerdo con la revisión publicada por Reforma.
Las diferencias entre el padrón divulgado inicialmente y las obligaciones de transparencia corresponden a distintos cortes de información.
Hasta ahora no se ha difundido una explicación oficial que detalle por qué las cantidades registradas para marzo llegaron a ser considerablemente mayores que las correspondientes al ejercicio 2025.
¿Qué cambió para que pudieran reducirse estas pensiones?
El cambio central ocurrió el 10 de abril de 2026, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 127 de la Constitución, en materia de límites a jubilaciones y pensiones de entidades públicas.
El decreto entró en vigor al día siguiente.
La Constitución establece ahora que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, banca de desarrollo, empresas de participación estatal y determinados fideicomisos públicos no podrán superar la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
El punto que afecta directamente a las pensiones que ya existían está en los artículos transitorios: el decreto ordena que los pagos otorgados antes de la reforma y que no estén dentro de las excepciones también sean ajustados al nuevo límite.
Eso significa que la medida no se limita a impedir nuevas jubilaciones por cantidades millonarias: también obliga a revisar las que ya se pagaban cuando comenzó a aplicarse la reforma.
¿La reducción afecta a todos los jubilados de organismos públicos?
No.
La modificación constitucional establece un alcance específico y varias excepciones.
El límite se dirige principalmente a las pensiones y jubilaciones del personal de confianza de las entidades públicas señaladas en el artículo 127.
La propia Constitución excluye, entre otros casos:
Pensiones de las Fuerzas Armadas.
Recursos provenientes de aportaciones voluntarias a cuentas individuales para el retiro.
Pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en sistemas complementarios.
La pensión no contributiva establecida en el artículo 4 constitucional.
Por ello, el cambio no significa que todas las personas jubiladas de Pemex, CFE, LyFC o de la banca pública tendrán automáticamente una reducción de su pensión.
¿Por qué seguía pagando pensiones LyFC si desapareció en 2009?
Luz y Fuerza del Centro dejó de operar por decreto durante el Gobierno de Felipe Calderón.
El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009 y estableció formalmente la extinción del organismo, aunque conservó personalidad jurídica para efectos de su proceso de liquidación.
La desaparición de la empresa, sin embargo, no significó que terminaran todas las obligaciones adquiridas con sus antiguos trabajadores y jubilados.
Así, mientras LyFC dejó de prestar el servicio eléctrico, durante los años posteriores continuaron existiendo obligaciones relacionadas con su liquidación y con prestaciones reconocidas a extrabajadores.
En marzo de 2026, los registros oficiales todavía mostraban a LyFC entre las instituciones con algunas de las jubilaciones más elevadas: además de los tres casos superiores al millón de pesos, había otros exempleados con pagos cercanos a esa cantidad.
¿Qué pasó con las llamadas “pensiones doradas”?
El caso de LyFC formó parte de una revisión más amplia de jubilaciones de antiguos funcionarios de Pemex, CFE, Banobras, Bancomext, Banrural y Nacional Financiera, entre otras entidades públicas.
En marzo, la Secretaría Anticorrupción difundió los padrones después de que el Gobierno federal impulsó la reforma para establecer un límite constitucional.
Entre los registros conocidos entonces también aparecieron pagos elevados en otras instituciones.
En Pemex, por ejemplo, Carlos Arturo Sánchez Magaña registraba una pensión de 1 millón 107 mil 361 pesos mensuales durante 2025, mientras que en CFE el pago más alto divulgado ascendía a 451 mil 251 pesos al mes.
La reforma constitucional publicada en abril dio sustento jurídico al ajuste: además de imponer el nuevo límite, ordenó a los entes públicos revisar y adecuar contratos, disposiciones, condiciones de trabajo y demás instrumentos que contemplaran planes de jubilación incompatibles con el artículo 127.
¿Qué debe entenderse de los nuevos registros de LyFC?
Los datos disponibles muestran un cambio concreto entre marzo y junio de 2026.
Tres antiguos funcionarios de LyFC que aparecieron primero con pensiones superiores al millón de pesos y posteriormente con registros de hasta 1.9 millones mensuales, ahora tienen reportado un pago de 56 mil 362 pesos al mes.
El ajuste ocurre después de la entrada en vigor de una disposición constitucional que obliga a reducir las pensiones vigentes del personal de confianza cuando rebasen el límite establecido y no correspondan a alguna de las excepciones previstas por la propia Constitución.
Así, casi 17 años después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, uno de los pendientes financieros que permanecía ligado a la antigua empresa eléctrica cambió de forma sustancial: los registros públicos ya no muestran para estos tres exfuncionarios pagos mensuales superiores al millón de pesos, sino cantidades de poco más de 56 mil pesos.
