*Tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tope de rentas, sector inmobiliario y Congreso de la Ciudad de México centran debate en la Ley de Rentas Justas.
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la Corte declaró la constitucionalidad del tope que se impuso a las rentas en la Capital desde 2024, tanto el sector inmobiliario como el Congreso de la Capital pusieron ahora la mirada en la denominada Ley de Rentas Justas y Asequibles, aunque con enfoques discrepantes.
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) consideró que la propuesta, que fue planteada por la Jefa de Gobierno, la morenista Clara Brugada, a mediados del año pasado, resulta innecesaria tras el fallo del miércoles.
Bosco Quinzaños, presidente de la ADI, consideró razonable el fallo de la Corte, debido a que, aseguró, busca fortalecer los intentos de las autoridades para contener fenómenos como la gentrificación, mientras que la iniciativa de ley pretende controlar los precios de alquiler.
Recordó que existen experiencias en otras ciudades, como en Barcelona, donde se implementaron medidas de este tipo sin el acompañamiento de políticas que aumenten la oferta de vivienda.
Iniciativas así, pormenorizó, podrían desincentivar la inversión en la construcción de la vivienda, aumentar los litigios administrativos y detonar la conversión de inmuebles a espacios de de renta temporal.
“Este tipo de medidas pueden deteriorar la calidad del parque habitacional, pueden reducir los incentivos para el mantenimiento correcto de los inmuebles y no resuelven de fondo el problema del déficit estructural de la vivienda en las ciudades, caso concreto en la Ciudad de México”, dijo Bosco en entrevista.
Remarcó que la única medida que provocará que haya mejores precios y más asequibles, es la producción de más viviendas, en donde la CDMX presenta un rezago grande.
Detalló que la Capital necesita 70 mil viviendas por año, sin embargo, se producen cerca de 3 mil.
“Definitivamente los controles de precios son contrarios al propósito de generar oferta de vivienda.
“La verdadera solución para controlar o para abatir el crecimiento de precios en la vivienda, pues, es generar mayor oferta de vivienda”, remarcó.
EN DONCELES, QUEDAN EN ESPERA.
En tanto, en Donceles están en espera de la ley que fue anunciada por la Administración local, que también prometió el Plan Maestro del Bando Uno, con el que se buscaría estabilizar los costos de los arrendamientos en zonas identificadas como propensas a lo que se denominó tensión inmobiliaria.
Sin embargo, ambas medidas aún son un pendiente.
El vocero de la bancada morenista, Paulo García, apuntó que la regulación a las rentas deberá mejorar mecanismos para que medidas como el tope al incremento en el precio del alquiler sea aplicado.
“Hay otras cosas que hace falta clarificar para que puedan ser efectiva.
De nada sirve que pongamos cosas en la ley que no se hagan valer en la práctica”, apuntó.
Se prevé que la regulación, de la cual aún no se conoce un borrador, establezca también la figura de una Defensoría Pública Inquilinaria.
“Hoy el mecanismo es juicio civil, sabemos que es un proceso complicado que muy difícilmente la ciudadanía podría acceder a ello, por eso la ley de rentas que está por llegar incluye la creación de una figura que, desde mi juicio, es virtuosa, que es la defensoría de los derechos inquilinarios”, dijo.
