POR DESVÍO DE 380 MDP
*El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a cuatro servidores públicos por irregularidades en un contrato de hasta 496 millones de pesos para supervisar inmuebles de 2 mil 750 sucursales.
Una auditoría detectó pagos por servicios que no se acreditaron conforme a lo contratado.
CIUDAD DE MEXICO.-El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó a cuatro exfuncionarios del Banco del Bienestar por causar un daño patrimonial de 380 millones de pesos.
El quebranto se originó al autorizar pagos indebidos a un consorcio privado contratado para la gestión inmobiliaria de las sucursales.
De acuerdo con Reforma, la Primera Sala en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA determinó inhabilitaciones de hasta 15 años y el resarcimiento del monto millonario.
La medida afecta a exdirectivos encargados de supervisar el contrato adjudicado en mayo de 2021 para verificar los inmuebles de la red bancaria.
Yuliet Luis Reyes, exgerente de Administración Inmobiliaria, inhabilitada por 15 años y pago de 380 millones de pesos.
La autoridad determinó que la exfuncionaria participó en los 21 pagos cuestionados y alteró condiciones de los entregables sin tener facultades para modificar los términos contractuales.
Alberto Medina Zamudio, exdirector de Recursos Materiales, fue inhabilitado por 10 años y se le ordenó restituir 347 millones de pesos.
La resolución establece que entre agosto y diciembre de 2021 omitió verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que sustentaron 20 pagos.
Faustino Ramírez Zenteno, exsubdirector de Adquisiciones, fue inhabilitado por 10 años y deberá pagar 32.9 millones de pesos.
Nayeli Aguilar Pineda, gerente de Pagos y Conciliaciones del banco desde marzo de 2019, a quien se ordenó destituir e inhabilitar por tres meses.
Irregularidades en el contrato inmobiliario
Los sancionados tenían la responsabilidad de supervisar el contrato de hasta 496 millones de pesos adjudicado a Promotora de Infraestructura IMM y Urba Ingeniería.
La empresa debía desplegar personal para verificar la situación física de los predios para las 2 mil 750 sucursales ordenadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Una auditoría del Órgano Interno de Control iniciada en abril de 2024 reveló que el consorcio no entregó la información requerida sobre las sucursales o la presentó de forma errónea.
Pese a las fallas, los exservidores públicos modificaron requisitos, autorizaron pagos y omitieron aplicar penalizaciones.
La situación legal de los terrenos presentó un alto nivel de complejidad.
Al cierre de 2025, el auditor externo de la institución reportó que únicamente se contaba con documentos para acreditar la propiedad de 580 de los 2 mil 750 predios que ocupan las sucursales.
La sentencia dictada por la sala del tribunal no es definitiva, por lo que las personas sancionadas pueden apelar el fallo ante la Sala Superior del TFJA.
