*La implementación de las nuevas reglas antilavado de dinero demandará a las empresas tiempo, personal y recursos, señaló el despacho Pérez-Llorca México
CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- La implementación de las nuevas reglas antilavado de dinero demandará a las empresas tiempo, personal y recursos, señaló el despacho Pérez-Llorca México.
El pasado 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el fortalecimiento del régimen nacional para la prevención del lavado de dinero con la publicación de las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Estas modificaciones a las reglas antilavado complementan las reformas previas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Reglamento de dicha ley, elevando el estándar de cumplimiento regulatorio en la materia.
Entre los principales cambios destacan un enfoque basado en riesgos, un orden de prelación para la identificación del beneficiario controlador, nuevos requisitos para el manual de políticas internas y nuevas disposiciones sobre auditorías, mecanismos automatizados de monitoreo, programas de capacitación y selección de personal, indicaron los abogados Luis Felipe Mancera de Arrigunaga y Eduardo Poblete, en una Nota Jurídica publicada este 14 de agosto.
"Si bien estas obligaciones aún no son exigibles tras la publicación de las modificaciones de las Reglas Antilavado en el Diario Oficial de la Federación, su implementación requiere un análisis profundo y estratégico que demandará tiempo, personal y recursos.
"Recomendamos que las empresas inicien desde ahora un proceso de implementación gradual de las obligaciones a que se refieren las Reglas Antilavado", indicó el despacho.
Por ejemplo, sobre el enfoque basado en riesgos, destaca que quien realice una actividad vulnerable conforme a la Ley Antilavado debe contar con una metodología sólida para evaluar los riesgos de dicha actividad y de sus clientes.
Esta metodología debe incluir un modelo que clasifique a los clientes en tres niveles de riesgo (bajo, medio y alto) con base en los factores de riesgo identificados y la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones, emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Para diseñar esta metodología, indicó Pérez-Llorca México, es clave considerar el acto realizado, el cliente y la información que aporta, el área geográfica y las transacciones y canales de envío o distribución vinculados con las operaciones celebradas.
Silvia Rosa Matus de la Cruz, Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), resaltó que el enfoque basado en riesgos que implementan las nuevas reglas antilavado es un cambio sustancial.
