*Tras inconsistencias por parte de la FGR en una planta almacenadora de combustible en Guanajuato, el diputado morenista propone fortalecer los mecanismos de trazabilidad y supervisión
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de las inconsistencias por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en una planta almacenadora de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que el Estado mexicano está obligado a perfeccionar su política contra el huachicol y fortalecer los mecanismos de trazabilidad y supervisión, así como la coordinación institucional.
Por ello, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer una iniciativa que plantea un sistema de alertas y coordinación entre autoridades fiscales, energéticas, financieras y de procuración de justicia para detectar y atender irregularidades con mayor rapidez.
La iniciativa busca impulsar cuatro ordenamientos jurídicos con el propósito de construir una estrategia integral que combine prevención tecnológica, coordinación institucional, persecución penal y seguimiento de los bienes y recursos vinculados con estas actividades.
"Lo que necesitamos es que la información que ya generan las empresas pueda convertirse en una herramienta efectiva de prevención. Una diferencia relevante no puede permanecer aislada en un sistema mientras otra autoridad desconoce esa señal de alerta”, afirmó.
Controles volumétricos
En la iniciativa, uno de los principales componentes lo constituyen los controles volumétricos, que permiten realizar una verdadera contabilidad física del combustible y comparar las entradas, salidas y existencias de una empresa.
Además, se plantea crear un circuito de información más ágil entre el Servicio de Administración Tributaria y la autoridad energética.
"Los permisionarios deberán reportar las discrepancias relevantes dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su detección y, en determinados supuestos, la Secretaría de Hacienda deberá formular la querella electrónicamente en un máximo de 48 horas hábiles, dando aviso a la Comisión Nacional de Energía, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera", detalló.
La propuesta también considera crear un delito específico para las discrepancias volumétricas injustificadas dentro de empresas reguladas, cuando exista una diferencia significativa entre el combustible recibido, entregado y existente que no pueda acreditarse mediante CFDI, pedimentos aduanales u otra documentación legalmente reconocida.
“Huachicol de barril”
Asimismo, de manera complementaria, se plantea combatir expresamente el denominado “huachicol de barril”, mediante sanciones para quien comercialice, suministre, ofrezca o expenda hidrocarburos en vías públicas, carreteras, baldíos, domicilios particulares o cualquier lugar distinto de los establecimientos autorizados, cuando no pueda acreditarse legalmente la procedencia del producto.
“Combatir el huachicol requiere seguir la ruta del combustible, pero también la ruta del dinero. Debemos contar con instrumentos para identificar cómo entró a la cadena comercial, quién lo recibió, cómo fue trasladado, dónde se almacenó y qué beneficios económicos generó”, sostuvo.
Además, la propuesta busca establecer el fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento y extinción de dominio.
La propuesta considera vehículos, equipos de almacenamiento y expendio, instalaciones utilizadas para estas actividades y recursos financieros vinculados con los delitos de hidrocarburos, al tiempo que preserva los derechos de propietarios y terceros de buena fe.
También plantea que, cuando el Ministerio Público solicite judicialmente una medida cautelar, el juez resuelva en un plazo máximo de 48 horas.
Ramírez Cuéllar enfatizó que la iniciativa busca complementar y fortalecer las capacidades institucionales existentes mediante tecnología, coordinación y reglas más claras, para proteger los ingresos públicos, la seguridad energética y la legalidad en el mercado de combustibles.
