*El Gobierno federal admitió, un mes después, que se equivocó con el supuesto decomiso histórico de huachicol en Guanajuato
DE MÉXICO .- El Gobierno federal admitió, un mes después, que se equivocó con el supuesto decomiso histórico de huachicol en Guanajuato.
La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció ayer que los 59 millones de litros de combustible asegurados en esa entidad, en realidad estaban almacenados en una instalación con permisos.
Las irregularidades detectadas, señaló, correspondían al transporte de hidrocarburos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, la Mandataria fue cuestionada sobre el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), después de que la empresa involucrada reclamó que el operativo no correspondía a huachicol.
¿Tiene alguna actualización de este mega-aseguramiento de combustible que hicieron en Guanajuato? ¿Finalmente sí fue huachicol o no?, se le preguntó.
"No. Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía. En realidad había algunos asuntos ilegales del transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos", afirmó.
Sheinbaum dejó a la FGR la responsabilidad de informar los detalles de la investigación y no precisó si el aseguramiento de los hidrocarburos quedó formalmente sin efectos.
El operativo fue anunciado el 17 de septiembre, un día antes de que la Presidenta visitara Guanajuato, aunque las diligencias se habían realizado desde el 4 de ese mes.
Grupo Simsa, propietario de la instalación operada por Gas Natural del Noroeste, rechazó que se tratara de combustible ilegal y sostuvo que contaba con permisos para almacenar hidrocarburos de terceros.
La agencia QUA Energy Consultores recomendó a los participantes del sector de hidrocarburos, en especial al eslabón de los comercializadores que, ante las medidas del gobierno federal contra el huachicol fiscal o contrabando de energéticos, refuercen la trazabilidad de los productos que manejan y estén atentos a los ajustes regulatorios.
"El anuncio anticipa una posible modificación estructural del papel de los intermediarios en el mercado de combustibles, como parte del combate al huachicol fiscal.
"Para los permisionarios, la prioridad inmediata es reforzar la trazabilidad y la congruencia documental, y seguir la evolución normativa. El efecto concreto sobre las comercializadoras dependerá del alcance de la eventual reforma y de las reglas de implementación", apuntó en un análisis Carlos Vallejo Galván, socio de la consultora.
El problema es que el huachicol fiscal ha dejado pérdidas al país por 600 mil millones de pesos, y ahora el gobierno federal analiza modificar la ley para reducir o limitar la intermediación de las comercializadoras de combustibles.
