ENTRE PRESIONES DEL NÚCLEO DURO DE MORENA Y DE LA OPOSICIÓN
CIUDAD DE MEXICO.-El oficialismo se debate entre imponer la convocatoria por mayoría o pactarla con las agrupaciones opositoras para evitar atizar más la crisis del ente electoral.
Editor86
Sheinbaum tendrá la última palabra
La convocatoria para elegir el reemplazo de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene fecha indefinida.
La Cámara de Diputados no ha conseguido destrabar la negociación en torno a las reglas que darán inicio al proceso.
Detrás de la demora, existe una disputa entre dos sectores de Morena y del Gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la vía para desatascar el trámite: imponer las condiciones de la elección aplicando su mayoría parlamentaria o construir un acuerdo que evite que la próxima presidenta del árbitro electoral nazca cuestionada y carezca de legitimidad.
La discusión del presupuesto de egresos de 2027 no ha conseguido desplazar el expediente del INE de las prioridades políticas del Congreso.
La negociación entre el oficialismo y la oposición sigue sin resultados y esta semana tampoco saldrá una convocatoria, mientras la consejera Blanca Cruz continúa al frente del instituto como presidenta provisional.
Un escenario que se podría alargar indefinidamente.
El retraso, sin embargo, no responde únicamente a las diferencias con los partidos opositores.
De acuerdo con fuentes consultadas por EL PAÍS, los sectores más duros de Morena, en el Gobierno y en la bancada parlamentaria, presionan para que la convocatoria salga adelante con los votos de la mayoría oficialista, sin conceder a la oposición capacidad de negociación.
La aritmética legislativa les permite hacerlo.
Morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes para aprobar las reglas sin necesitar el respaldo de sus adversarios.
Pero esa posibilidad ha abierto una diferencia de fondo.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara baja, ha dicho que busca privilegiar el diálogo y agotar la negociación antes de recurrir al peso de la mayoría.
Su preocupación es que una convocatoria impuesta termine agravando la crisis de credibilidad que atraviesa el instituto.
“La presidencia nacería muerta”, resume una de las fuentes consultadas, al advertir que una elección aprobada exclusivamente con los votos del oficialismo dejaría a la futura titular del organismo bajo sospecha desde el primer día.
Una presidenta cuestionada por su cercanía con Morena, que además llegaría en medio de un escándalo por presunta corrupción que obligó a la renuncia de su antecesora, sumaría tensión a la situación en el INE y dificultaría su rescate.
El antecedente inmediato es Taddei.
Su llegada a la presidencia del INE, en 2023, mediante un sorteo después de que las fuerzas políticas no alcanzaran un acuerdo, estuvo acompañada de cuestionamientos de la oposición por sus vínculos familiares con personas relacionadas con Morena y el Gobierno.
Ahora, el relevo ofrece una oportunidad para corregir aquella percepción, pero también amenaza con reproducirla si el procedimiento vuelve a quedar marcado por la mayoría aplastante del oficialismo.
La oposición ha advertido que la discusión no puede limitarse a emitir las reglas.
También exige garantías sobre la integración del comité técnico de evaluación, la transparencia de las calificaciones y los mecanismos que impidan que el procedimiento favorezca a perfiles cercanos al oficialismo.
El comité será una pieza determinante en la selección de las candidaturas y en la confianza del resultado.
La presidenta Sheinbaum, refieren legisladores oficialistas, es la única que puede inclinar la balanza.
Aunque bajo el principio de separación de poderes la designación corresponde a la Cámara de Diputados, en la realidad política la mandataria es quien tendrá la última palabra: respaldar una convocatoria construida por consenso o permitir que Morena y sus aliados la aprueben con mayoría.
“Estamos esperando instrucciones”, refiere un legislador de la cúpula oficialista al ser cuestionado sobre si habrá o no convocatoria.
El oficialismo cuenta con margen para prolongar la negociación, ya que no hay una fecha límite y el periodo ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre.
Tampoco hay límites en la legislación para la permanencia de una presidencia interina en el Consejo General del INE.
La discusión, por tanto, podría trasladarse a un eventual período extraordinario en enero, al siguiente período legislativo, que comienza el 1 de febrero o incluso, alargarse hasta pasados los comicios del 6 de junio del próximo año.
La ausencia de un plazo perentorio deja abierta la posibilidad de que el interinato de la consejera Cruz se prolongue durante semanas o meses.
“Lo importante para nosotros es que no está descabezado el INE.
Está funcionando, tiene una presidencia provisional, fue nombrada por unanimidad y está trabajando de manera normal”, ha defendido Monreal.
La presión de los duros de Morena también tiene fondo.
El rechazo a la permanencia de la presidenta interina en el órgano electoral reside, según diputados con conocimiento del tema, en que en este momento el Consejo General del INE se encuentra dividido en partes iguales: cinco consejerías críticas al Gobierno, dispuestas a ejercer su independencia y no ceder ante presiones y cinco cercanas al partido en el poder.
Por ello, se requiere una posición — la presidencia del organismo— que rompa el empate e incline la balanza.
La encrucijada es mayúscula y tiene como telón de fondo las elecciones de 2027 y el relevo presidencial en 2030.
