*El senador morenista señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico dice estar en Ciudad de México, pero se aparta del cargo por “la embestida mediática de la derecha”
CIUDAD DE MÉXICO.- El senador de Morena Enrique Inzunza ha reaparecido este jueves en las redes sociales para separarse temporalmente del cargo.
Enrique Inzunza es un “verdadero farsante” y pertenece a una “narcobancada”, señala la senadora del PRI, Carolina Viggiano, luego de que el legislador de Morena acusado por EU de colaborar con el crimen organizado anunció que solicitará licencia.
El político de Sinaloa, señalado por Estados Unidos por tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada, ha anunciado a través de X que solicita licencia para que su suplente sea quien participe en la sesión de la cámara alta de esta tarde, donde se prevé la aprobación de varias iniciativas de su partido.
Inzunza sostiene en su publicación que se encuentra en Ciudad de México dentro de las instalaciones del Senado, pero dice tomar la decisión “ante la embestida de personeros y medios de la derecha”.
El Senado ha aprobado su licencia, que durará en total 22 horas, hasta este viernes 29 a las 15.00.
La eventual reaparición de Enrique Inzunza en el Senado había generado una fuerte expectativa política.
El morenista llevaba casi un mes alejado de la vida pública y se anticipaba que este jueves encabezaría la Comisión de Estudios Legislativos, una de las instancias clave en el trámite de reformas constitucionales.
A esa comisión se esperaba que fueran turnadas las dos modificaciones a la Constitución aprobadas de madrugada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los proyectos terminaron en la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidida por su correligionario Manuel Huerta, una decisión que evitó colocar nuevamente a Inzunza en el centro de la discusión legislativa.
Su retorno virtual ocurre en uno de los momentos más delicados de su carrera política: dos días después de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos que lo colocan, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, bajo sospecha de presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.
Inzunza no ha vuelto a su escaño, una posibilidad de la que se hablaba con poca certeza en los últimos días.
Su lugar ha sido ocupado por Omar López Campos, su suplente, quien también es secretario de Bienestar de Sinaloa.
El papel de López Campos es decisivo en medio de los cambios polémicos aprobados en la Cámara baja que puede cerrar la votación del oficialismo en el Senado.
Un voto puede hacer la diferencia para alcanzar la mayoría calificada, necesaria para la aprobación de cambios a la Constitución.
Durante semanas, el senador sinaloense ha permanecido lejos del ojo público.
Su ausencia coincidió con la crisis política detonada por las revelaciones de autoridades estadounidenses que apuntaron hacia una red de presuntos nexos entre funcionarios de Sinaloa y el crimen organizado.
En esa lista apareció también el nombre del gobernador de Sinaloa con licencia, mentor político de Inzunza y figura clave en el ascenso político del senador.
El legislador ha evitado responder a las preguntas de periodistas sobre su comparecencia ante la Fiscalía.
Morena ha optado por reducir el episodio a un asunto estrictamente jurídico.
La narrativa oficialista ha sido cautelosa.
Desde hace días la instrucción ya no es cerrar filas con nadie, sino plantarse en la defensa de la soberanía como discurso retórico para sortear la polémica que ha golpeado la credibilidad del partido gobernante.
La figura de Inzunza sintetiza la expansión nacional de Morena.
Durante años fue uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya.
Fue magistrado, secretario general de Gobierno en Sinaloa y posteriormente saltó al Senado como uno de los perfiles jurídicos con mayor experticia de la agrupación guinda.
Ahora su ascenso vertiginoso parece ir en caída libre.
Se ha convertido en un legislador incómodo para Morena.
Públicamente, nadie ha pedido su separación del cargo, pero distintas voces dentro del partido reconocen en privado que la presión política aumenta conforme avanzan las investigaciones y crece el interés de Washington sobre los sinaloenses.
La principal preocupación en el oficialismo va más allá del impacto judicial; pesa más el costo político que el tema tiene para el Gobierno de Sheinbaum y su popularidad.
La oposición ha tirado del caso para sostener su discurso de narcogobierno, una narrativa que han llevado hasta instancias internacionales.
Las dirigencias del PRI, PAN y PRD , encabezadas por Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, denunciaron en 2021 ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la intervención del crimen organizado en elecciones locales, entre ellas la de Sinaloa cuando Rocha Moya ganó la gubernatura.
