*Son 300 trabajadores de Banobras, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y los extintos Banrural y Luz y Fuerza del Centro.
CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de jubilados de distintas entidades del gobierno federal presentó un amparo contra la reforma constitucional que establece como límite a las pensiones de la burocracia la mitad del salario de la presidenta de la República.
El abogado Rodolfo Martínez informó que se trata de 300 trabajadores del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y los extintos Banco de Desarrollo Rural y Luz y Fuerza del Centro.
“Hacemos un llamado respetuoso, pero muy enérgico, al Órgano de Administración Judicial para que permita a los jueces constitucionales hacer su trabajo, porque esta reforma es regresiva y vulnera los derechos humanos que el Estado mexicano se obliga a respetar en los tratados internacionales que ha firmado”, indicó.
El viernes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 127 constitucional en la que se establece que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados.
Igualmente, de las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales que no pueden ser mayores a la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
Las pensiones que actualmente superan ese límite, señala la reforma en un artículo transitorio, deberán ser ajustadas a partir del próximo pago.
