BUSCAN REGRESE A PRISIÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de cuatro integrantes del Cártel de Guerreros Unidos, impugnaron el fallo del juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, quien le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dentro del proceso penal que se inició en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, todo ello relacionado con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el expediente, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR el asesor jurídico federal de Agustín García Reyes, El Chereje, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, Darío Morales Sánchez, El Comisario, y Patricio Reyes Landa, El Pato, considerados entre los principales involucrados en la desaparición de los estudiantes, apelaron la resolución emitida en audiencia de revisión de medidas cautelares del 23 de julio pasado, en la que se determinó el cese de prisión preventiva en favor del justiciable.
Dilación del proceso penal, derivó en el arraigo domiciliar
La demanda lo promovieron ante el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, pero el órgano decidió que corresponde conocer de este recurso de apelación al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, para su análisis y resolución.
En julio de este año, el juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, canceló la prisión preventiva justificada en la causa penal 307/2022, uno de los dos procesos que enfrenta Murillo Karam.
Perusquia Cabañas determinó modificar la medida cautelar debido a que el proceso penal se prolongó por más de dos años por motivos ajenos al imputado, sustituyéndola por resguardo domiciliario y el uso de un brazalete electrónico.
Lo anterior al considerar que la extensión del proceso obedeció a retrasos en la tramitación de diversos juicios de amparo en revisión por parte de órganos del PJF, circunstancia que estimó no fue responsabilidad de Murillo Karam.
En ese contexto, la defensa solicitó el cese de la prisión preventiva justificada aportando pruebas del deterioro de su estado de salud y el requerimiento de atención médica especializada.
El ex funcionario enfrenta un segundo proceso penal por delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos, por el que se le impuso también prisión domiciliaria.
