CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) encabezado por Néstor Vargas cesó a 43 abogados que integraban el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) cuyas plazas fueron eliminadas.
Entre el 26 y el 30 de junio pasados la Dirección General de Recursos Humanos del OAJ notificó a los 43 trabajadores del Instituto que a partir de este 1 de julio ya no tienen trabajo en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los 43 afectados, 39 mujeres y 4 hombres, tenían puestos de Analista Especializados nivel 27-C, correspondiente al área de Trabajo Social y eran abogados que estaban distribuidos en las 31 delegaciones del IFDP.
Fuentes federales confirmaron que formaban parte de los equipos interdisciplinarios del Instituto cuyo director, Benjamín Rubio Chávez, no pudo oponerse al recorte ordenado por el OAJ que argumentó razones presupuestales.
Los abogados cesados realizaban investigaciones socioeconómicas para determinar si una persona necesita realmente el servicio cuando existan dudas sobre su situación económica; elaboraban dictámenes periciales en materia de trabajo social; estudios sociales e investigaciones de contexto; identificaban condiciones de vulnerabilidad, entre otras actividades.
Al haberse eliminado las 43 plazas el IFDP no podrá contratar más personal para sustituir a los cesados.
Las fuentes consultadas indicaron que algunos de los extrabajadores del IFDP ya impugnaron la decisión del Órgano de Administración.
En redes sociales fueron difundidas imágenes de una de las trabajadoras cesadas luego de recibir el oficio de notificación del OAJ.
Clima de hostilidad
Por ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) se pronunció en contra de la decisión del OAJ y afirmó que ha documentado que sus integrantes mantienen un clima de hostilidad en la institución.
“Por medio de testimonios de personas afectadas se ha constatado el clima de hostilidad y desprecio a los derechos fundamentales con el que se conducen los representantes del OAJ.
Es inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción en donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras”, señaló la Jufed mediante un comunicado.
“Un entorno de trabajo en donde impera el miedo, el atropello y la prepotencia de los mandos superiores contradice abiertamente los principios de la Constitución que juramos proteger.
La Jufed envió un llamado al OAJ para que cese las conductas de hostigamiento contra los trabajadores del PJF y se solidarizó con los trabajadores del Instituto que fueron cesados.
