*La Corte argumentó que, de no concederse esta medida, se afectaría la continuidad del gobierno estatal y se causaría un daño de difícil reparación
---> Tras darse a conocer la noticia, el gobernador Samuel García utilizó su cuenta de Instagram para celebrar la decisión de los ministros.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Ministra de la Corte Estela Ríos, quien fuera consejera jurídica de la Presidencia de AMLO, prohibió ayer al Congreso de Nuevo León resolver el juicio político contra el Gobernador Samuel García (MC), por presuntos actos de corrupción, así como separarlo del cargo o inha-bilitarlo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
Con esta medida, el Congreso local no podrá separarlo de su cargo ni inhabilitarlo como parte del juicio político que enfrenta, al menos hasta que el Máximo Tribunal resuelva el fondo del asunto.
De acuerdo con la notificación publicada la en la página oficial de la Suprema Corte, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León sí puede continuar con el trámite y el desahogo del procedimiento, pero tiene estrictamente prohibido ejecutar cualquier sanción que afecte las funciones del mandatario.
"Los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades continúen con el trámite, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo", detalló la SCJN.
La Corte argumentó que, de no concederse esta medida, se afectaría la continuidad del gobierno estatal y se causaría un daño de difícil reparación, ya que el tiempo perdido en un cargo de elección popular no es recuperable.
Tras darse a conocer la noticia, el gobernador Samuel García utilizó su cuenta de Instagram para celebrar la decisión de los ministros.
"Acaba de publicar la SCJN la admisión y suspensión del juicio político (que le sigue la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León)", escribió.
Por su parte, el gobierno estatal difundió que la decisión obedece a que el proceso en el Congreso local carece de pruebas sólidas, basándose únicamente en notas periodísticas y en denuncias que todavía siguen su curso legal.
La demanda admitida por la Corte señala presuntas violaciones a la Constitución Federal e inconsistencias procesales en el Legislativo.
