*La reforma fue aprobada por 115 votos a favor y uno en contra, del morenista Adán Augusto López
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- El Pleno del Senado aprobó este martes 29 la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que establece sanciones para personas que maltraten a un animal.
La reforma fue aprobada por 115 votos a favor y uno en contra, del morenista Adán Augusto López Hernández.
La propuesta reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado por parte del ser humano, y establece bases nacionales para su bienestar, cuidado y protección en concordancia con la salud pública, la sanidad animal y el derecho a un medio ambiente sano.
La reforma también establece que quien maltrate a los animales será sancionado administrativamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
La reforma también establece que toda persona que incurra en actos de maltrato o crueldad en contra de un animal estará obligada a la reparación del daño, el cual puede incluir atención médica, medicamentos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación física y conductual y demás medidas necesarias para restituir el bienestar del animal afectado.
También, dependiendo de la gravedad de la infracción, se puede llevar a la persona que maltrata a un animal en un arresto de hasta 36 horas y multas de más de 200 mil pesos.
Asimismo, crea un Padrón de Infractores, cuya inscripción puede durar de uno a cinco años; durante ese periodo, las personas inscritas no podrán recibir determinados apoyos públicos relacionados directamente con bienestar animal ni obtener las autorizaciones o permisos previstos en la Ley.
La reforma fija que el Estado promoverá la inclusión progresiva de contenidos sobre protección y bienestar de los animales en todos los niveles del sistema educativo nacional, a través de programas oficiales, planes de estudio, materiales didácticos y actividades extracurriculares.
La reforma aprobada en el Senado fue enviada a la Cámara de Diputados para su posterior discusión.
Obligaciones para los cuidadores de animales
La reforma también fija que toda persona tutora responsable, encargada o cuidadora de un animal de compañía tiene la obligación de garantizar su bienestar, cuidado y protección, evitando el maltrato o crueldad.
Además, establece que son obligaciones de las personas tutoras proporcionar alimentación adecuada y suficiente que garantice el desarrollo saludable y el bienestar del animal, considerando sus necesidades específicas por especie, raza, edad y estado de salud.
También garantizar acceso permanente a agua potable y en cantidad suficiente, evitando la deshidratación; proveer un espacio seguro, limpio, protegido de las inclemencias del clima y con condiciones adecuadas para el descanso y desarrollo del animal.
Asimismo, de asegurar la atención veterinaria periódica, incluyendo vacunación, desparasitación y tratamientos necesarios para prevenir y tratar enfermedades, así como llevar un registro de salud actualizado del animal.
Registro Nacional de Animales de Compañía
La reforma fija además que, antes de un año aprobada la reforma, la Presidencia deberá diseñar, promover y operar el Registro Nacional de Animales de Compañía para que las personas con mascotas los registren.
El registro será obligatorio, gratuito, coordinado e integrado por la información que cada entidad federativa aporte, en el que se inscribe la adquisición o adopción de cualquier animal de compañía, haciendo constar los datos de identificación del animal y la persona tutora responsable y demás elementos que permitan la trazabilidad de los animales.
Prohíbe, a medias, la venta de animales
La reforma también prohíbe la venta de animales enfermos y de animales de compañía en mercados, tianguis, vía pública o vehículos, la comercialización digital sin los registros correspondientes, su entrega como propaganda o premio y la venta o adopción a menores de edad sin acompañamiento de una persona adulta responsable.
Legisladores a favor
La senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano, resaltó que hay reformas que corrigen una norma y hay otras que cambian la manera en que una sociedad entiende su responsabilidad frente a quienes no pueden defenderse por sí mismos.
“Esta ley busca dar un paso que durante años hizo falta. Que en todo México exista una base común para proteger a los animales, prevenir el maltrato y exigir responsabilidades.
Durante demasiado tiempo, buena parte de nuestro marco jurídico miró a los animales principalmente como bienes.
Esta ley, aparte de una visión distinta, reconoce que son seres sintientes y sujetos de cuidado por parte del ser humano.
Y eso tiene consecuencias concretas.
“Significa reconocer que un animal puede sentir dolor, miedo, estrés, hambre y sufrimiento. Significa también que tener un animal implica responsabilidades”, detalló.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Vigginao, afirmó que su partido votaría a favor de la reforma; sin embargo, señaló que varios puntos quedan pendientes en esta reforma.
“Esta ley crea un Registro Nacional de Animales de Compañía, un Subsistema de Información, un padrón de infractores, centros de Atención y Bienestar Animal en los municipios y campañas permanentes y gratuitas de vacunación y esterilización.
“Todo eso cuesta. Sin embargo, el Transitorio Décimo Tercero establece que todo se cubrirá con el presupuesto ya autorizado y que no habrá recursos adicionales, ni nuevas estructuras.
“Lo decimos con toda claridad: las leyes sin presupuesto son letra muerta; una obligación sin recursos no protege a un solo animal, sólo traslada la responsabilidad a los municipios, que son los que hoy menos tienen por el proceso de centralización del gobierno federal en contra del federalismo.
“Segundo, es el enfoque. La ley obliga a toda persona tutora a esterilizar a sus perros y gatos, y quien no lo haga enfrenta una multa de 500 a dos mil Unidades de Medida y Actualización, más de 56 mil pesos por no esterilizar a un perro; mientras tanto, la esterilización gratuita que debe ofrecer el Estado queda sujeta, dice el propio dictamen, a la disponibilidad presupuestaria. Es decir, al ciudadano se le exige todo desde el primer día, al gobierno sólo lo que le alcance”, explicó.
