CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá una reforma al Poder Judicial que acote la actuación de ministros, reduzca su número y los someta a mayores medidas de disciplina cuando no cumplan con sus obligaciones de imparcialidad y justicia expedita.
De acuerdo con el proyecto de reforma que el Ejecutivo presentará mañana, se insistirá en la elección de voto popular -para junio de 2025-, de ministros, magistrados y jueces, lo cual ya fue desechado por la Cámara de Diputados el año pasado.
Los candidatos serían propuestos por el Ejecutivo, el Congreso (diputados y senadores) y el Poder Judicial, con 10 nombres por cada cargo a elegir.
Para la Suprema Corte, se prevé reducir el pleno de 11 a 9 integrantes, el período de gestión de los ministros de 15 a 12 años y serían renovados en elecciones escalonadas, cada tres años.
Además, prohibirá a los integrantes del Poder Judicial dar suspensiones generales en leyes controvertidas y sancionar a los ministros que no resuelvan asuntos fiscales en seis meses.
La presidencia de la Suprema Corte dejaría de presidir al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura.
Este órgano desaparecería y de él habría dos nuevas instituciones, una de control interno, llamado Tribunal de Disciplina Judicial, y otro dedicado a la administración del Poder Judicial.
El nuevo Tribunal será el cargado de sancionar a los juzgadores federales del país e, incluso, tendrá la atribución de solicitar a la Cámara de Diputados el juicio político contra ministros de la Corte.
El Tribunal de Disciplina podrá investigar a funcionarios jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia.
La reforma constitucional al Poder Judicial prohíbe también el pago de los haberes de retiro para los ministros que serían relevados del cargo y de los que sean electos.
Sin embargo, sí se les respeta la pensión vitalicia a quienes ya gozan de ella, como es el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero y el exministro Arturo Zaldívar, quien renunció al cargo para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum.
Además, se agrega la disposición de prohibir que las remuneraciones de los ministros, magistrados y jueces de distrito sean mayores a la del Ejecutivo federal.
La propuesta se presentará luego de frecuentes quejas del Ejecutivo contra ministros y jueces que han revertido la aplicación de las leyes prioritarias de su Gobierno, ya sea por declararlas inconstitucionales o que en su aprobación se ha violado el debido proceso.
El caso más reciente fue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica en la Segunda Sala de la Corte, con un voto de calidad del ministro Alberto Pérez Dayán.
