CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Hace un año, en su primer informe de gobierno, Clara Brugada Molina prometió a los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017 concluir el programa de reconstrucción de sus viviendas “a más tardar en el primer semestre del 2026”.
Lejos de cumplir, su administración mantiene en la incertidumbre e indefensión jurídica y con el yugo de la “improvisación, la indolencia y maltrato” a cientos de quienes hace nueve años lo perdieron todo.
Peor aún, en entrevista con Proceso, damnificados denuncian que el gobierno de la morenista viola el acuerdo con los dueños de departamentos que aceptaron el esquema de redensificación para que los inmuebles “extra” solo puedan ser vendidos.
Acusan que ya comenzó a rentarlos, presuntamente, a beneficiarios de su programa “vivienda asequible”, pese al desacuerdo y en detrimento del patrimonio de los dueños.
La administración local sigue sin darles escrituras, sin destrabar la construcción de edificios a media obra y sin iniciar la demolición de 10 más, con el argumento de que hay conflicto legal entre los vecinos.
Ante este panorama, exigen a Brugada Molina tener “sensibilidad” para ellos a nueve años de la tragedia y le proponen medidas legales para pronto puedan decir que ya son dueños de sus viviendas y disponer de ellas.
Herida que no sana
El 2 de noviembre del 2024, los dueños del edificio General Pedro Antonio de los Santos 50, colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, recibieron sus departamentos en “obra gris”, más los 18 redensificados, estos sí, con acabados.
Entonces, iniciaron la lucha administrativa con el gobierno y la Notaría 10 para tener sus escrituras.
Dos años después, siguen en trámite.
Peor aún, Ana Delia Escárcega denuncia que, desde marzo pasado, el gobierno de Brugada ya rentó, al menos cuatro, departamentos redensificados con costos entre cinco mil y ocho mil pesos al mes.
“Sabemos que ya hay uno más, pero no informan nada ni por la seguridad del edificio, a pesar de que se los requerimos… Tememos que hasta los agarren de Airbnb”.
Acusa que el gobierno capitalino paga la cuota de mantenimiento, pero solo de los inmuebles rentados.
El lío es mayor pues, como aún no hay reglamento, los inquilinos metían a mucha gente, hacían tendederos los balcones, entre otras irregularidades.
Pidieron la intervención de la Procuraduría Social (Prosoc) y aunque ésta les ayudó a poner orden, los desconoció porque, ante la ley, son “expropiados”, no “propietarios”.
Por ello, Escárcega acusa: “se nos hace de lo más descabellado, absurdo, injusto, inequitativo y abusivo” de la autoridad.
“Es muy decepecionante que el gobierno que llegó con la promesa de darnos seguridad en todo sentido, nos tiene en la incertidumbre jurídica.
Nos dieron esperanza de algo que no se cumplió.
No tengo certidumbre de que esto sea mio.
Si me muero ¿qué herencia le voy a dejar a mis hijos? No podemos vender ni hacer nada con esta propiedad”.
Por ello, exige a Brugada que se agilice la entrega de las escrituras gratuitas, “porque también nos las quieren cobrar.
No nos lo merecemos después de nueve años de esperar”.
Y a la presidenta Sheinbaum Pardo también le reprocha: “Nos dejó un sabor amargo y vemos que siguen engañando a la gente, así como a nosotros… La herida no sanará hasta que nos den certidumbre jurídica”.
Gobierno a medias
Para Guadalupe Flores, del edificio Escocia 29, colonia Del Valle, Coyoacán, la reconstrucción inició con entusiasmo cuando la Fundación Slim les entregó sus departamentos en julio del 2022.
Sin embargo, aun no tienen sus escrituras, pues unos ocho dueños no tenían escrituras anteriores y el proceso de expropiación “por utilidad pública” se estancó un año.
Ella fue a una jornada de “Zócalo ciudadano” a pedir ayuda al excomisionado para la Reconstrucción, hoy secretario de Gobierno, César Cravioto, y éste le dijo “yo ya no veo nada del tema”.
La redirigió a la Comisión que hoy dirige Víctor Olvera, y ésta, a su vez, a la notaría.
“Se echaban la bolita entre ellos”, dice.
Peor: “Los vecinos son apáticos y la poca gente que queda de la Comisión se quiere deshacer de nosotros, nos maltrataron, no nos dieron solución”.
A nueve años del 19S ve que “este gobierno es como de a medias.
A lo mejor los otros, como decía Salinas, ‘no te ven ni te oyen’… Estos como que sí un rato, como que en otro rato son de a medias”.
Y reprocha: “a Brugada no le interesa el tema, ya no le va a traer votos, andan entregando edificios del Invi para grupos allegados y esos sí los hacen rápido, pero los casos rezagados de la reconstrucción no le interesan”.
Huellas del “cartel inmobiliario”
Propietarios del edificio Saratoga 714, colonia Portales Sur, Benito Juárez, recibieron sus 16 departamentos el 30 de diciembre del 2024, con ocho más redensificados, 50% aunque solo se permite 35%.
Como cientos de damnificados, tampoco tienen escrituras y siguen luchando contra “el tortuguismo de las autoridades” y “un gobierno indolente ante los damnificados, especialmente, contra adultos mayores”, acusa Oscar Herrera.
También fueron al “Zócalo ciudadano” para hablar con Brugada, quien le ordenó al secretario de Vivienda, Inti Muñoz: “está en tus manos, atiéndelo”.
De eso ya pasó más de un año y no hay avance.
Además, temen que el gobierno quiera rentar los departamentos redensificados.
“Nosotros firmamos venta, nunca renta, pero al gobierno le interesa recuperar ese dinero, quiere aprovechar para rentar como un gobierno que incluye a la sociedad con renta barata”.
Alejandro Saúl López denuncia que en ese inmueble hay casos en que “el gobierno le dio las llaves del departamento a personas que no tenían sucesión testamentaria y los esperaron tiempo para arreglar sus papeles...Eso no suena lógico, sino metálico”.
Aquella tarde del 19S, su edificio colapsó debido a que, presuntamente, en la construcción que se hacía al lado un mes antes hubo excavaciones “con maquinaria inadecuada y se nos cayó encima”, acusa Blanca Estela Eligio.
Esa construcción era propiedad de “la familia Levy” de la que sospechan, tenía privilegios y cometía irregularidades solapadas por el entonces jefe delegacional, el panista Christian Von Roerich, hoy en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, vinculados con el llamado “cártel inmobiliario”.
Debido a múltiples irregularidades de papeleo y de que en la Comisión les piden firmar actas “a ciegas”, han buscado a Brugada “para que haga un decreto que nos eximan de todos estos detalles engorrosos.
Estamos en la indefensión jurídica, no vemos para cuándo nos va a dar escrituras, nos quieren cambiar el tema de rentas y seguimos con vicios ocultos”.
Blanca Eligio confirma la intención de renta del gobierno: “ya nos dijeron que piensan rentar los departamentos a trabajadoras del hogar, albañiles.
No tenemos nada contra ellos, pero el acuerdo es de venta”.
Y resume: “Nos ofrecieron créditos, la 4T lo cambió, pero a nueve años ya estamos rebasados.
Ya nos entregaron, pero llamamos a las autoridades a que pongan a alguien verdaderamente profesional, empático, que revise las trabas, que haya facilidades administrativas para los damnificados, encontrar la salida en pocos meses y que no traten de lucrar con nuestros bienes”.
Destrabar el proceso
Como cada año, cuando se acerca el 19S, el gobierno de la CDMX hace actos públicos para entregar casas o edificios reconstruidos.
El pasado 14 de agosto fue el turno del edificio La Morena 312, colonia Del Valle Norte, Benito Juárez, que pasó de 36 a 54 departamentos.
“Tardó nueve años, pero es un avance el tener la propiedad física, aunque la propiedad jurídica no la tenemos… y el proceso para escriturar está siendo muy complejo.
No nos pueden dar una fecha porque ellos no lo saben”, asegura Salvador Berumen, administrador del edificio.
Explica que, para escriturar, se necesita la extinción del régimen de propiedad en condominio anterior.
Ésta exige la comparecencia de los 36 propietarios juntos, al mismo tiempo y con todos sus documentos.
Empero, unos perdieron sus escrituras en el sismo, por lo que el gobierno los debe expropiar “con fines de asignación”.
El caso se agrava porque uno de esos dueños murió hace tres años y no hay familiares identificados.
Otro dueño sacó un crédito hipotecario hace 50 años para comprar el departamento y la hipoteca no puede ser liberada por el banco, porque éste ya no existe, y la liberación debe ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Otro propietario falleció y se debe hacer un juicio sucesorio y dos más están hospitalizados.
En la pandemia lograron juntarse para hacer la extinción, pero la Notaría cometió errores en el acta; dos años después, el notario murió y los cambiaron de notaría.
“Un proceso extraordinario como la reconstrucción, requiere una solución extraordinaria, porque el sistema no está funcionando”, considera Berumen.
Por ello, el también integrante del colectivo “Hasta que la última familia damnificada regrese a casa” sugiere cambios legales aplicables solo en casos reconstrucción: bajar a 70 u 80 el porcentaje de condóminos para la extinción de regimen y tener facilidades en el caso de hipotecas.
La situación que inquieta a muchos es la limitación del artículo 31 de la Ley para la Reconstrucción que impide vender el inmueble cinco años después de su entrega para evitar especulación.
“Después de nueve años recibimos la vivienda, otros dos o tres para que nos escrituren y todavía la restricción de cinco años. ¿Qué pasa? En mi edificio ya han muerto 10 personas, ya no recibieron su vivienda y no van a recibir sus escrituras porque dicen que van a especular”, asegura.
Por eso pide quitar esa limitante, para que los adultos mayores que lo deseen, vendan su propiedad y puedan pagar sus tratamientos médicos.
“Esa restricción atenta contra el derecho humano a la propiedad”, acusa y solicita “que se ponga el gobierno en los zapatos de las familias damnificadas”.
Salvador Berumen ya ha comentado esas sugerencias a autoridades...
“Pero no han entendido el problema porque no están de este lado… modificar una ley cuando hay voluntad, se hace.
Hay leyes que se han hecho constitucionales en tres días”.
Y cierra con un mensaje a las autoridades: “estamos en un proceso avanzado, pero no está concluido.
A ellos les toca concluir ese proceso al 100%”.
“Indolencia y maltrato”
El pasado 17 de septiembre, en la entrega de un edificio en Coyoacán, Clara Brugada presumió que la Reconstrucción lleva 97% de avance global con 20 mil 556 viviendas entregadas y 15 mil millones de pesos de inversión pública en su gestión y la de su antecesora.
Reconoció que aún hay 10 edificios donde no han comenzado las obras por cuestiones “jurídicas, sociales o alguna dificultad técnica especial”.
Añadió que hay mil 360 viviendas en obra al 60%.
Varias están en Benito Juárez y Cuauhtémoc.
Una persona damnificada, quien pide el anonimato por temor a represalias, cuenta que en su edificio, en la colonia Roma, son pocos propietarios, quienes han pagado tres proyectos de construcción y estudios técnicos específicos para acelerar la edificación.
Aún así, la obra está parada porque el Instituto de Vivienda (Invi) no le paga a la constructora.
“Sabemos que sí ha habido presupuesto pero ¿a dónde se va?...
No les importamos, hemos hecho todo lo que nos han pedido y llevamos nueve años en la incertidumbre… Todo es improvisación e indolencia, maltrato.
Nos ven como ‘clasemedieros aspiracionistas que no votan por nosotros’ y por eso no avanzamos”, afirma.
Más olvidados aún, hay damnificados de la unidad habitacional Villa Centroamericana y del Caribe, en Tláhuac, cuyas casas ya rehabilitadas se han afectado más por las grietas del subsuelo.
“No lo reconocen como daño por el sismo porque se quieren zafar del problema, no quieren asumir la responsabilidad, se están lavando las manos…
La semana pasada les dije que comencé con las grietas, sigo con las grietas y creo que me voy a morir con las grietas”, reclama Ana María Martínez.
