CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- A once años del multihomicidio de la colonia Narvarte, los representantes legales de las familias de las cinco víctimas advierten que la investigación no sólo permanece estancada, sino que enfrenta un retroceso que podría derivar en un eventual "carpetazo" por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Bertha Alcalde Luján.
Los abogados denuncian que recientes movimientos internos en la institución, la desaparición del área donde estaba radicado el expediente, la falta de notificación a las víctimas y los cambios de funcionarios encargados del caso reflejan una ausencia de voluntad para esclarecer el crimen.
Ante ese panorama, ya analizan recurrir a instancias nacionales e internacionales para exigir que el Estado mexicano rinda cuentas por la falta de avances.
Este viernes 31 de julio se cumplieron once años del asesinato de Olivia Alejandra Negrete Martínez, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez, Rubén Manuel Espinosa Becerril y Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, quienes fueron torturados y asesinados en el departamento 401 del edificio marcado con el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
En entrevista con Proceso, los representantes de las familias sostienen que la Fiscalía capitalina apuesta al olvido y a la impunidad, sin garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.
La impunidad que ha acompañado el caso desde 2015 adquiere una dimensión especial por el asesinato del fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa Becerril, quien llegó a la Ciudad de México tras huir de las amenazas y la persecución que denunció en Veracruz.
Su homicidio provocó indignación nacional e internacional y volvió a colocar a México entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Tan sólo en lo que va de 2026 han sido asesinados seis periodistas, tres de ellos en Veracruz, de acuerdo con un conteo de Artículo 19.
Temen “carpetazo”, analizan vías internacionales
Víctor del Pozo, coordinador de Defensa del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19 para México y Centroamérica, afirma que el Caso Narvarte continúa caracterizándose por "un estado de constante impunidad" y que, lejos de registrar avances, hoy enfrenta un retroceso.
Una de las principales razones de esa preocupación surgió cuando el nuevo equipo jurídico de las familias acudió a la Fiscalía para acreditarse y solicitar acceso al expediente.
Ahí les informaron que la Mesa 21 de la Fiscalía Especializada en Homicidios, donde se encontraba radicada la investigación durante los últimos años, dejó de existir y que el expediente fue turnado a la Coordinación General de Control Ministerial, instancia responsable de supervisar a los agentes del Ministerio Público auxiliares de la fiscal general.
Hasta ahora, la petición para acceder a la carpeta continúa sin respuesta.
Para Del Pozo, el cambio no constituye un simple movimiento administrativo.
Explica que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la FGJCDMX, esa Coordinación tiene entre sus atribuciones conocer y resolver las propuestas de no ejercicio de la acción penal y de archivo temporal de las carpetas de investigación.
"Eso significa que puede determinar que se deje de investigar el caso", advierte.
Agrega que dicha área también está facultada para revisar directamente las carpetas de investigación y decidir su archivo temporal o el no ejercicio de la acción penal.
El abogado considera aún más grave que las víctimas y sus representantes no hayan sido informados oficialmente sobre ese cambio.
"Lo más delicado es que ni las víctimas ni su representación fuimos debidamente notificadas.
Eso, por sí mismo, constituye una violación a nuestro derecho a estar informados sobre el avance de las investigaciones", sostiene.
A su juicio, la Fiscalía incurre con ello en un incumplimiento de sus obligaciones, particularmente de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.
Subraya que esa omisión resulta todavía más preocupante porque el Caso Narvarte cuenta con la Recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
"En cualquier caso sería reprochable, pero en uno tan delicado como éste, que involucra a periodistas y cuenta con una recomendación de derechos humanos, resulta escandaloso", afirma.
Del Pozo también considera que la constante rotación del personal encargado de la investigación representa otro retroceso para un expediente de alta complejidad, pues cada relevo implica perder el conocimiento acumulado sobre el caso.
A ello suma la falta de avances en dos líneas de investigación consideradas fundamentales: la relacionada con posibles responsabilidades de servidores públicos de la propia Fiscalía por acciones u omisiones durante las indagatorias, y la que indaga las amenazas que recibieron Rubén Espinosa y Nadia Vera por parte del gobierno de Veracruz, entonces encabezado por Javier Duarte y con Arturo Bermúdez como secretario de Seguridad Pública, circunstancias que los obligaron a refugiarse en la capital del país.
"No se vislumbra una intención proactiva y diligente por parte de la Fiscalía", sostiene Del Pozo.
"Por el contrario, parece que se le está apostando a la impunidad y al olvido. Nos preocupa que quieran darle carpetazo al caso.
Hasta ahora nada nos hace pensar que las decisiones recientes tengan como propósito impulsar la investigación".
Frente a ese escenario, adelanta que las familias y su representación legal ya analizan acudir a mecanismos nacionales e internacionales para exigir que el Estado mexicano responda por la falta de avances en un crimen que, once años después, continúa sin esclarecer plenamente.
Se estanca investigación sobre trata de personas
En el 2023, a petición de familiares de las víctimas y otro de sus abogados Héctor Pérez, del despacho Pérez Rivera, Salas y Peña, la FGJCDMX abrió una línea de investigación por el delito de trata de personas, en el que pudieron ser víctimas Mile Martín y Yesenia Quiroz, como otro de los posibles móviles del multihomicidio.
Según Pérez Rivera, el Ministerio Público que llevaba el caso “estaba avanzando bastante bien”, pero en mayo pasado renunció al cargo.
Se trata del mismo agente que llevó la indagatoria por trata de personas que mantiene en la cárcel al expresidente local del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
A ello se sumó la renuncia de la fiscal del delito de trata, Haydeé Vargas.
“Desde entonces, ni siquiera nos han informado quién va a llevar la carpeta de investigación.
No ha habido ningún contacto de la Fiscalía para informarnos quién queda a cargo del asunto.
Hay un nulo interés de la actual fiscal, Bertha Luján, por la investigación”, acusa.
De acuerdo con Héctor Pérez, la indagatoria ya había identificado que Mile y Yesenia estaban relacionadas con una red de trata de personas y algunos hechos que podrían acercarse al móvil del crimen.
“Ya se había identificado cómo llegó Yesenia a la Ciudad de México.
También se identificó una red de trata y a personas que estuvieron privadas de la libertad en Toluca”.
El abogado cuenta que una “amiga de la familia” de Yesenia, quien vivía en Mexicali, la convenció de venir a la capital, pero primero llegaron a Metepec, en el Estado de México.
La persona tratante fue detenida y Yesenia, con otra conocida, se fue a la capital, donde fue involucrada en un portal de internet donde se promovía el sexoservicio.
Fue ahí donde conoció a Mile quien, a su vez, tenía amistad con Abraham Torres, expolicía capitalino y uno de los sentenciados como autores materiales del multicrimen.
En la investigación se comprobó que fue él quien llamó a la puerta del departamento aquella tarde del 31 de julio del 2015.
“Ya se identificó a la persona que llevaba el portal y se encontraron unos mensajes que nos pueden llevar al móvil del hecho.
En eso íbamos con el Ministerio Público, pero renunció. Con él ya había confianza, trabajo, nos íbamos acercando en la investigación que es complejísima.
¡Imagínate, empezar otra vez de nuevo! Esto sí es un revés a la investigación”.
El abogado asegura que:
“La línea de investigación está muy fuerte por ese lado; esperábamos que hubiera ya un avance sobre toma acciones legales contra las personas responsables de la explotación sexual de Yesenia”.
Reconoce que la FGJ...
“Llamó a muchos testigos, declararon varias personas relacionadas con los hechos identificadas por la familia de Yesenia, pero eso se paró a raíz del cambio de titular de la Fiscalía”.
Ante ello, pide que la autoridad...
“Nos informe qué va a pasar con esta investigación, quién la va a retomar, si podemos tener una persona capaz y con el conocimiento.
Estamos cerca de conocer mucho más de los hechos”.
Entiende que el personal puede cambiar y que había servidores públicos “con intención de investigar, pero no vemos voluntad institucional general”.
Sentencia Anulada
El actuar de la FGJ capitalina también ha resultado cuestionado por el Tribunal Superior de Justicia local, pues Daniel Pacheco Gutiérrez, una de las tres personas sentenciadas como autores materiales del multihomicidio, obtuvo una nulidad de su sentencia en el 2023, debido a violaciones graves al debido proceso.
El supuesto acomodador de coches fue la primera persona en ser detenida por agentes de la Fiscalía entonces encabezada por Rodolfo Ríos.
Sin embargo, desde el inicio su defensa alegó que fue detenido con tortura y pidió la aplicación del Protocolo de Estambul.
Años después, un juez ordenó la reposición del juicio, pero sigue sujeto a proceso en el reclusorio.
Además, falta por detener a una cuarta persona, “El Duy” que participó en el crimen, como comprobaron familiares de las víctimas y sus abogados, así como a los autores intelectuales del multihomicidio.
