*Cientos de personas han sido deportadas a Haití en las últimas semanas, y algunas dicen que las han dejado sin un centavo, sin protección contra las pandillas y sin un lugar adonde ir
PUERTO PRINCIPE.- Cada semana llegan decenas de deportados a la ciudad haitiana de Cabo Haitiano, mientras el gobierno de Donald Trump intensifica sus esfuerzos para expulsar a los haitianos que carecen de estatus migratorio legal en Estados Unidos, y algunos ahora se encuentran varados en un lugar desconocido.
Más de 80 personas fueron devueltas la semana pasada, a menudo únicamente con los pantalones deportivos y las camisetas que proporciona el gobierno estadounidense, y con documentos del tribunal de inmigración en los bolsillos.
Muchos que regresaron sin dinero dijeron que sus objetos de valor habían desaparecido durante el viaje y que ahora carecían del efectivo para volver a casa.
La carretera que sale de Cabo Haitiano, en la costa norte de Haití, está controlada por pandillas que cobran peajes a los conductores y secuestran a los viajeros.
Cinco policías que intentaron hacer el viaje en autobús recientemente fueron asesinados.
El viernes, un día después de haber sido deportado, Reginald Dorvilma, de 36 años, se encontraba varado fuera de la estación de policía de Cabo Haitiano, haciendo llamadas telefónicas.
Necesitaba encontrar la manera de atravesar el territorio controlado por las pandillas hasta Los Cayos, su ciudad natal, al otro lado del país.
Las autoridades de inmigración haitianas le habían entregado a él y a los otros adultos que llegaron en el último vuelo de deportación 10.000 gourdes haitianos, el equivalente a unos 80 dólares.
En su primera noche de regreso, dijo, había gastado unos 20 dólares en un hotel de baja categoría y luego había comprado una muda de ropa.
Le quedaban menos de 40 dólares.
“No tengo el dinero para irme”, dijo Dorvilma.
En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Trump poner fin al programa del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) que había protegido de la deportación a 330.000 haitianos en todo el país.
Bajo este programa, a las personas que ya estaban en Estados Unidos se les otorgaba permiso para vivir y trabajar en el país de manera legal si provenían de países considerados demasiado peligrosos para regresar.
El programa se había extendido en repetidas ocasiones debido a la agitación en Haití, resultante de desastres naturales y violencia extrema de las pandillas.
Con el fin del TPS en julio, el gobierno de Trump aumentó el número de vuelos de deportación a Haití de uno al mes a uno a la semana.
Más de 450 personas fueron devueltas en los últimos cuatro vuelos, incluidas algunas que habían ingresado a Estados Unidos legalmente a través de un programa creado por el gobierno de Joe Biden.
La difícil situación de personas como Dorvilma es uno de los desafíos que enfrenta el gobierno haitiano mientras lidia con la llegada, cada jueves, de ciudadanos que regresan a Cabo Haitiano, incluidas personas que no tienen un centavo, algunas que no hablan el idioma local, el criollo haitiano, o creole, y otras con antecedentes penales.
Las autoridades haitianas reconocen que están rebasadas y que es probable que algunos deportados terminen en situación de calle en el norte de Haití.
Los defensores de los derechos humanos dicen que las deportaciones son inhumanas, y señalan que la crisis de las pandillas ha hecho que Haití sea tan peligroso que el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que no viajen allí.
Unas 3000 personas murieron en los primeros seis meses del año, muchas de ellas a causa de la violencia relacionada con las pandillas.
