*La pareja de Sánchez, primera esposa de un presidente español que ve restringida su movilidad por orden judicial, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid
MADRID.- El juez Juan Carlos Peinado sostiene que actualmente existe la “posibilidad” de que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, “trate de eludir la acción de la justicia” y se fugue de España -incluso, con la ayuda de los propios policías que la escoltan-.
Por ello, este miércoles, nueve días después de celebrar la vista donde ya podía dictar in situ las medidas para tratar de evitarlo, el magistrado la ha obligado a acudir a su juzgado a entregarle el pasaporte.
La pareja del jefe del Ejecutivo ha cumplido el trámite sobre las 18.00, según confirman fuentes jurídicas.
La mujer del presidente del Gobierno ha llegado a la cita en coche y ha entrado al edificio unos minutos antes de la hora marcada por el instructor.
Como en comparecencias precedentes, la decana de los madrileños juzgados de Plaza de Castilla le ha permitido acceder por el garaje por motivos de seguridad.
Junto a ella ha acudido su abogado, Antonio Camacho.
“Ha ido todo bien”, ha resumido el letrado a la salida, a quien agitadores ultra han acosado cuando se marchaba.
Gómez acata así las medidas cautelares dictadas por Peinado, que ordenó el pasado sábado abrirle juicio oral por cuatro delitos (tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida).
Esa jornada, a petición de la acusación popular liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír, también aceptó retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y obligarle a comparecer dos veces al mes ante su juzgado.
“No cabe duda de que esos agentes [que la escoltan], en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”, argumentó el magistrado para justificar su decisión.
La resolución de Peinado ha provocado una gran tormenta: política y jurídica.
Gómez ha recurrido las medidas cautelares ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El Gobierno y el PSOE han cargado contra el juez instructor al considerarlas innecesarias y desproporcionadas:
“Es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza. Que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio.
El que pueda hacer que haga en su máxima expresión”, dijo Patxi López, portavoz socialista en el Congreso.
Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado el proceso para expedientar al magistrado por asegurar que los policías que escoltan a la esposa de Sánchez podrían ayudarla a huir.
De momento, Begoña Gómez ya se ha convertido en la primera pareja de un presidente del Gobierno que ve restringidos sus movimientos por orden judicial.
La Audiencia de Madrid deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre las alegaciones de su defensa, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho.
En contra de la tesis de Peinado, el abogado ha apuntado que los policías que escoltan a la esposa de Sánchez provocan que el riesgo de fuga sea realmente inexistente.
Según subrayan fuentes jurídicas, el letrado ha detallado que la pareja del jefe del Ejecutivo se encuentra sometida a un dispositivo de protección obligatorio e irrenunciable.
En esta línea, el recurso incide en que los agentes, pertenecientes a la Policía Nacional, acompañan a Gómez en todos sus desplazamientos, tanto en España como en el extranjero; y tienen conocimiento permanente de donde está en todo momento.
Además, según estas fuentes, el escrito del abogado defiende la labor de los agentes y califica como “gravemente ofensivo” que Peinado asevere que los escoltas pudieran ayudarla a huir, incumpliendo así su labor y la ley.
De hecho, la argumentación de Peinado ha generado un enorme malestar en la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior, que reclamó al CGPJ que actuase contra el juez.
El mismo sábado, cuatro sindicatos del cuerpo (SUP, UFP, CEP e incluso Jupol, enfrentado abiertamente al Gobierno de Pedro Sánchez) criticaron su teoría y tacharon sus palabras de “barbaridad” y “salvajada”.
El CEP amenazó incluso con denunciar al magistrado si no rectifica.
