*Reportan millones en ayudas y becas, pero no saben demostrar quién cobró ni qué resultados obtuvieron
*El Primer Informe Trimestral 2026 exhibe falta de capacidad administrativa, ausencia de indicadores y cuentas que deben aclararse
Editor86
El 10 de enero de 2025, el Gobierno del Estado presentó a Eugenio Chimal y Crisanto Grajales como los “nuevos pilares en la política deportiva de Veracruz”.
El mensaje oficial sostuvo que su incorporación fortalecería al Instituto Veracruzano del Deporte y que la encomienda era clara: innovar, establecer orden y elevar el desempeño al más alto nivel.
Chimal fue presentado al frente de la Subdirección de Desarrollo del Deporte y Grajales como responsable del área de Calidad del Deporte, destacando principalmente sus antecedentes y resultados dentro del triatlón.
La presentación fue políticamente atractiva: dos figuras deportivas de trayectoria internacional llegaban para convertirse en los nuevos soportes de la política pública estatal.
Pero administrar una institución pública no es competir en una pista, cruzar primero una meta ni acumular participaciones olímpicas.
Administrar significa planear, presupuestar, reglamentar, documentar, supervisar, pagar oportunamente, medir resultados y rendir cuentas.
Y ahí comenzaron los problemas.
Lo que el Gobierno del Estado presentó como la solución para poner orden en el IVD terminó exhibiendo una administración incapaz de demostrar con claridad quién recibió los recursos, cuánto cobró y qué resultados produjo el gasto.
La medicina resultó peor que la enfermedad.
Porque después de prometer innovación, orden y alto desempeño, el Primer Informe Trimestral 2026 del propio Instituto presenta millones de pesos recibidos, ayudas sociales reportadas como pagadas, transferencias pendientes, efectivo en bancos, un subejercicio considerable y, al mismo tiempo, la confesión más grave para cualquier institución que opera con presupuesto público:
“Este organismo no cuenta con indicadores de resultados a la fecha”.
La frase aparece en la página general 45 del PDF, correspondiente a la página 44 del informe del IVD.
El contraste político es brutal.
En enero de 2025 prometieron orden.
En marzo de 2026 reconocieron que no tenían indicadores para saber qué resultados produjo el dinero ejercido.
Prometieron innovación.
Pero el informe no presenta un padrón público que permita conocer quién recibió las becas y ayudas.
Prometieron elevar el desempeño al más alto nivel.
Pero no muestran cuántos deportistas mejoraron sus resultados, cuántas becas fueron entregadas, cuántos atletas fueron beneficiados ni qué impacto tuvo el gasto.
Lo que parecía ser el nuevo remedio para corregir los viejos problemas del IVD terminó profundizando la falta de control, transparencia y capacidad administrativa.
DE “NUEVOS PILARES” A UNA ADMINISTRACIÓN QUE NO MIDE RESULTADOS
La nota oficial de enero de 2025 justificó la llegada de Chimal y Grajales por su experiencia deportiva internacional.
Se destacaron participaciones olímpicas, medallas, resultados en triatlón y el compromiso de fortalecer la formación de atletas.
Pero la experiencia como atleta o entrenador no
sustituye la experiencia necesaria para administrar recursos públicos.
Una institución como el IVD requiere conocimientos y controles en:
•Planeación institucional.
•Presupuesto público.
•Contabilidad gubernamental.
•Contrataciones.
•Padrones de beneficiarios.
•Reglas y procedimientos.
•Control interno.
•Indicadores de desempeño.
•Transparencia.
•Responsabilidades administrativas.
El Primer Informe Trimestral 2026 muestra que esos controles no están suficientemente acreditados.
En la página general 3, el Instituto reportó ingresos y otros beneficios por 55 millones 116 mil 090 pesos y gastos por 35 millones 408 mil 800 pesos, generando un resultado positivo de aproximadamente 19 millones 707 mil 289 pesos.
En la página general 18, el propio Instituto identificó recursos para:
*Becas deportivas de febrero: 1 millón 197 mil pesos.
•Becas administrativas de febrero: 485 mil 050 pesos.
•Becas deportivas de marzo: 1 millón 197 mil pesos.
En total, casi 2 millones 879 mil pesos expresamente relacionados con becas.
Sin embargo, el informe no presenta el padrón que permita conocer:
•Quién cobró.
•Cuánto recibió.
•Por qué fue seleccionado.
•Qué disciplina representa.
•En qué fecha fue pagado.
•Qué resultado deportivo obtuvo.
Eso no es orden.
Eso es gasto público sin trazabilidad pública suficiente.
PROMETIERON ORDEN, PERO
REPORTAN MILLONES SIN IDENTIFICAR BENEFICIARIOS
En la página general 19, el IVD reportó 26 millones 827 mil 056 pesos en ayudas sociales.
Las páginas presupuestarias también presentan esa cantidad como devengada y pagada.
Pero el documento no explica públicamente:
•Cuántos beneficiarios recibieron los 26.8 millones.
•Qué parte correspondió a becas.
•Qué parte fue para estímulos.
•Qué parte correspondió a entrenadores.
•Qué parte se destinó a otros apoyos.
•Qué resultados produjo esa erogación.
La pregunta que Crisanto Grajales y Eugenio Chimal deben responder es sencilla:
¿Quiénes cobraron los 26.8 millones de pesos reportados como ayudas sociales?
No basta con presentar una cifra global.
El dinero público debe poder vincularse con un beneficiario, un expediente, una autorización, una transferencia y un resultado.
Si el Instituto no puede demostrar esa cadena de manera clara, entonces la promesa de poner orden quedó reducida a propaganda.
REPORTAN PAGOS, PERO TAMBIÉN TRANSFERENCIAS PENDIENTES
La página general 17 agrega otra contradicción que exige explicación.
El IVD reportó 52 millones 812 mil 010 pesos en cuentas por pagar a corto plazo.
Dentro de esa cantidad se encuentran 22 millones 180 mil 669 pesos en transferencias otorgadas por pagar.
Así, el mismo informe presenta:
•26.8 millones de pesos en ayudas sociales pagadas.
•22.1 millones de pesos en transferencias todavía por pagar.
Es posible que se trate de conceptos y beneficiarios distintos.
Pero el documento no presenta la conciliación que permita distinguirlos.
No explica:
•Qué transferencias fueron pagadas.
•Cuáles continuaban pendientes.
•Cuánto correspondía a becas.
•Cuánto se debía a beneficiarios.
•Qué pagos provenían de ejercicios anteriores.
•Qué área era responsable de liberar los recursos.
Si la administración no puede explicar con claridad la diferencia entre lo pagado y lo pendiente, entonces no estamos frente al orden prometido en enero de 2025.
Estamos frente a una gestión que debe acreditar urgentemente su capacidad para controlar y transparentar los recursos.
DINERO EN BANCOS, OBLIGACIONES PENDIENTES Y NINGÚN INDICADOR
En la página general 14, el Instituto reportó un saldo bancario de 20 millones 289 mil 128 pesos al 31 de marzo de 2026.
La existencia de ese efectivo no significa necesariamente que estuviera libre para utilizarse en cualquier concepto.
Podía estar comprometido para pagos y obligaciones específicas.
Pero la administración debe explicar:
•Qué parte estaba comprometida.
•Qué parte correspondía a becas.
•Qué parte se destinaría a proveedores.
•Por qué existían transferencias pendientes.
•Qué calendario de pagos se encontraba vigente.
Lo grave es que todas estas cifras conviven con la declaración de que el Instituto no cuenta con indicadores de resultados.
El IVD sabe cuánto dinero recibió.
Sabe cuánto reportó como gastado.
Sabe cuánto tenía en bancos.
Sabe cuánto mantenía pendiente de pago.
Pero oficialmente reconoce que no cuenta con indicadores para evaluar qué resultados obtuvo.
Eso evidencia una administración enfocada en registrar dinero, pero incapaz de demostrar el impacto del gasto.
CRISANTO Y CHIMAL: DEL PRESTIGIO DEPORTIVO AL DESPRESTIGIO PUBLICO ESTATAL
La nota oficial de enero de 2025 construyó una narrativa basada en el prestigio deportivo de ambos personajes.
Sin embargo, los resultados deportivos personales no acreditan automáticamente capacidad para conducir una institución pública.
El problema no es que Crisanto y Chimal provengan del deporte.
El problema es que fueron presentados como la solución institucional sin demostrar previamente experiencia suficiente en:
•Administración pública.
•Presupuesto.
•Fiscalización.
•Control interno.
•PbR-SED.
•Transparencia.
•Procedimientos administrativos.
•Rendición de cuentas.
El Primer Informe Trimestral 2026 exhibe precisamente las áreas donde una administración profesional debe demostrar dominio.
Y hasta ahora, el documento muestra cifras, pero no resultados.
Muestra ayudas, pero no padrón.
Muestra recursos para becas, pero no beneficiarios individualizados.
Muestra pagos, pero también transferencias pendientes.
Muestra dinero en bancos, pero no explica completamente su destino.
Muestra presupuesto, pero reconoce que no tiene indicadores.
Por eso, la frase política es inevitable:
El IVD les quedó grande a Crisanto Grajales y Eugenio Chimal.
No porque carezcan de trayectoria deportiva.
Sino porque el reto no era ganar una competencia.
El reto era administrar con legalidad, eficiencia, transparencia y resultados una institución financiada con recursos públicos.
LA MEDICINA RESULTÓ PEOR QUE LA ENFERMEDAD
El Gobierno estatal anunció que la llegada de ambos representaba un paso para transformar el deporte veracruzano mediante orden, innovación y alto rendimiento.
Pero el informe trimestral muestra otra realidad:
•Millones para becas sin padrón público en el documento.
•Millones en ayudas sin beneficiarios individualizados.
•Transferencias pendientes por más de 22 millones.
•Más de 20 millones disponibles en bancos.
•Un subejercicio superior a 103 millones.
•Ningún indicador de resultados.
Lo que parecía ser la medicina para curar al IVD terminó agravando la enfermedad administrativa.
Antes se cuestionaba la falta de orden.
Ahora el propio Instituto reconoce que no mide resultados.
Antes se exigían mejores controles.
Ahora aparecen millones pagados y pendientes sin conciliación pública suficiente.
Antes se reclamaba transparencia.
Ahora el informe presenta cifras globales, pero no permite seguir el dinero hasta cada beneficiario.
La promesa de renovación terminó convertida en una nueva etapa de dudas.
LA PREGUNTA QUE DEBEN RESPONDER
Crisanto Grajales y Eugenio Chimal deben explicar:
¿Quién recibió los recursos para becas y ayudas sociales?
¿Qué parte de los 26.8 millones de pesos llegó a deportistas y entrenadores?
¿Qué integran los 22.1 millones de pesos en transferencias por pagar?
¿Por qué el Instituto no cuenta con indicadores de resultados?
¿Cómo puede hablarse de orden y alto desempeño cuando no se demuestra públicamente qué resultados produjo el gasto?
La primera nota oficial los presentó como los nuevos pilares de la política deportiva.
El Primer Informe Trimestral 2026 los coloca frente a la verdadera prueba:
La de administrar recursos públicos.
Y hasta ahora, esa prueba no está acreditada.
El IVD les quedó grande porque el deporte de alto rendimiento exige talento, pero la administración pública exige preparación, controles, experiencia, resultados y rendición de cuentas.
El dinero está reportado.
Los resultados siguen sin aparecer.
Y mientras Crisanto y Chimal no expliquen las cifras, la promesa de orden seguirá pareciendo una medicina que terminó siendo peor que la enfermedad.
