REPORTAJITO
*Probable daño patrimonial y desvío de recursos
*Investigación de la sociedad civil, entrenadores y padres de familia
La crisis de las becas deportivas en Veracruz ha dejado de ser un rumor de pasillo o una queja aislada de atletas desesperados.
Ahora que ya con Raquel Bonilla, aunque con la auditoria es la primera “papa caliente” para la nueva titular de la SEVhttps://t.co/VdZ29fVCwT
— NOTIVER (@NOTIVER) July 30, 2026
Hoy, la opacidad y el probable desvío de recursos en el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) están documentados, firmados y confesados por la propia dependencia en documentos oficiales del Gobierno del Estado.
El hallazgo más demoledor no proviene de filtraciones anónimas, sino del Programa Anual de Evaluación 2025 (PAE 2025) del Programa Presupuestario 062 “Impulso al Deporte Competitivo”, fechado en diciembre de 2025 y publicado por SEFIPLAN.
Este documento es “oro puro” para cualquier auditor, pues contiene las respuestas textuales que el IVD entregó a los evaluadores estatales.
Lo que revelan estas páginas no es simple negligencia administrativa; es la radiografía perfecta de un sistema diseñado para la discrecionalidad, el descontrol y el probable daño patrimonial.
LA CONFESIÓN OFICIAL: “NO SE CUENTA CON DOCUMENTO NORMATIVO”
En la página 22 del PAE 2025, los evaluadores formularon la pregunta A.9: “¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?”.
La respuesta textual y oficial de la dependencia fue lapidaria: “No se cuenta con documento normativo”.
Esta confesión es gravísima.
Significa que el IVD admite oficialmente que está repartiendo millones de pesos en becas deportivas sin Reglas de Operación, sin criterios de elegibilidad, sin requisitos claros y sin un procedimiento formal.
El evaluador concluyó en su hallazgo: “El Programa Presupuestario no cuenta con un documento normativo que identifique el problema o necesidad” (Página 18 del PAE 2025) [1].
Repartir dinero público sin reglas no es un error de escritorio; es la antesala del desvío de recursos.
¿Cómo justifica el IVD a quién le da una beca y a quién se la niega? No puede hacerlo, porque ellos mismos confesaron que no tienen reglas.
EL PADRÓN FANTASMA Y EL SILENCIO CÓMPLICE
La opacidad se vuelve escandalosa cuando se revisa el control de los supuestos beneficiarios.
En la página 21 del PAE 2025, los evaluadores preguntaron si el padrón de beneficiarios estaba sistematizado e incluía una clave única de identificación que no cambiara en el tiempo.
La respuesta del IVD: Silencio absoluto.
La Dependencia simplemente no respondió la pregunta [1].
¿Por qué el IVD se niega a responder si tiene un padrón sistematizado con clave única? La respuesta es obvia, y fue confirmada por el análisis contable realizado de manera altruista y simbólica por un despacho de contadores a los Informes Trimestrales 2025: porque el padrón real no existe o está manipulado.
En el Primer Informe Trimestral 2025, el IVD entregó una simple “lista”, pero el PAE 2025 sentenció que dicho documento no permite observar “las características de los beneficiarios ni el tipo de apoyo que se les otorga” [1].
Es decir, tienen una lista de nombres, pero no saben (o no quieren decir) cuánto le pagan a cada uno, por qué disciplina ni por qué concepto.
Peor aún, en la página 21 del PAE 2025, ante la pregunta A.8 sobre si recolectan información socioeconómica, el IVD respondió textualmente: “El PP´s no recolecta información socioeconómica de los atletas de alto rendimiento” [1].
Reparten ayudas sociales sin saber a quién, sin clave única y sin conocer la situación de quienes reciben el dinero.
LA CRÓNICA DE UNA CRISIS ANUNCIADA (Y SOBREEJERCIDA)
Lo más indignante es que el gobierno sabía perfectamente que esta crisis iba a estallar.
En la página 15 del PAE 2025, en la sección de “Amenazas”, el documento advierte formalmente desde diciembre de 2025 sobre el “Incremento de la demanda del Programa por parte de la población susceptible de ser apoyada en comparación con la necesidad de atención” [1].
Sabían que no tenían capacidad, sabían que no tenían reglas, sabían que no tenían padrón sistematizado, y aún así, dejaron que 500 atletas y entrenadores llegaran a julio de 2026 mendigando sus pagos atrasados y haciendo rifas para poder competir.
Pero el verdadero escándalo financiero está en la página 8 del PAE 2025.
El documento revela el histórico presupuestal (2019-2024) del Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas) que financia este programa.
Los datos son alarmantes: en 4 de esos 5 años, el presupuesto devengado superó al aprobado [1].
El documento señala textualmente: “Para los años 2020, así como 2022 al 2024 el valor devengado supera al aprobado por las modificaciones en el presupuesto” [1].
En 2020, gastaron casi el doble de lo aprobado (23.3 millones devengados vs 12 millones aprobados).
En el periodo 2021-2022, la variación fue del 127%.
Sobreejercer sistemáticamente el presupuesto en un programa que confiesa no tener Reglas de Operación, que se niega a responder si tiene un padrón sistematizado y que no tiene expedientes individuales, es la definición técnica y jurídica de un probable daño patrimonial.
LOS OPERADORES DEL DESASTRE
Esta maquinaria de opacidad no opera sola.
Tiene nombres y apellidos, funcionarios que traicionaron la confianza de los deportistas y violaron el Artículo 42, Fracción IX, de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, que consagra las becas como un derecho, no como un botín [2].
PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL
El análisis contable altruista cruzado con las confesiones del PAE 2025 es concluyente: estamos ante un probable daño patrimonial.
Cuando una dependencia gubernamental (1) confiesa por escrito que no tiene reglas de operación, (2) evade confirmar si tiene un padrón con clave única, (3) entrega listas sin características de los beneficiarios, y (4) sobreejerce sistemáticamente su presupuesto bajo la protección de operadores políticos, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Contraloría General del Estado tienen la obligación ineludible de intervenir.
No se trata de un simple retraso administrativo.
Se trata de millones de pesos entregados en la opacidad absoluta, mientras los verdaderos atletas veracruzanos tienen que botear en las calles para representar a su estado.
La confesión está firmada. El desastre está documentado.
Es hora de que haya consecuencias penales y administrativas.
