Por Andrés Timoteo
EL CÁNCER A CONSULTA
Es una paradoja obscena, de las que son muy comunes en estos tiempos del morenismo gobernante: la atención médica a personas con cáncer que debería ser total y sin condiciones se niega en Córdoba.
Allí, las autoridades municipales bloquean un proyecto para construir un sanatorio que salvaría muchas vidas.
Paradójico es también que el alcalde morenista, Juan Martínez Flores, sea médico de profesión e incumpla el Juramento de Hipócrates.
El cabildo cordobés acaba de rechazar la contratación de un crédito bancario para comprar un predio donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construiría una clínica oncológica y de hemodiálisis.
Los directivos del IMSS avalaron desde agosto pasado el proyecto luego de cinco años de gestiones hechas por la Asociación de Enfermos y Afectados de Anaversa, pero el 15 de abril el cabildo cordobés negó la autorización para obtener un empréstito por 46 millones de pesos.
El mismo serviría para comprar un terreno de 12 hectáreas en la congregación Palenque Palotal y se donaría al IMSS que edificaría la unidad médica.
Así, las personas que han desarrollado distintos tipos de cáncer en la zona ya no tendrían que viajar al Centro Estatal de Cancerología de Jalapa para recibir tratamiento de quimio y radioterapia.
Rosalinda Huerta Rivadeneyra, fundadora y presidenta la asociación lamentó que el proyecto se diera por perdido a decisión del cabildo.
Recordó que durante décadas han luchado para que los colonos afectados por la contaminación con dioxinas con la explosión de la fábrica de fertilizantes y pesticidas en 1991 fueran atendidos medicamente y ahora ese logró estaba al alcance, pero lo obstaculizaron los ediles.
Debido a la falta de recursos y de capacidades técnico-científicas, la asociación dejó de contar a las personas que desarrollaron enfermedades cancerígenas por su exposición a los venenos derramados y combustionados hace más de4 tres décadas.
"Nosotros perdimos la cuenta de enfermos de cáncer, había linfomas, sarcomas, cáncer de mama, de cerebro, en intestinos, leucemia y esta noticia es inaceptable, no es posible que hayan rechazado el proyecto, no se explica”, declaró Huerta a la prensa.
33 AÑOS DEL DESASTRE
De acuerdo a diferentes estudios científicos, en Córdoba habría unas cuatro mil familias que tuvieron contacto y siguen conviviendo con las dioxinas del incendio en Anaversa cuyos compuestos organoclorados generan cáncer y permanecerán activos hasta el 2090.
Lo que se sabe es que al menos dos mil personas murieron -se paró el conteo en el 2010 por lo que seguramente son más – y el pronóstico es que otras diez mil desarrollaran parecimientos mortales en los años siguientes.
Lo anterior sin sumar las malformaciones genéticas en bebés como la espina bífida y la anencefalia que son frecuentes en la zona.
Es más, Córdoba acapara la estadística más alta de anencefalia de todo el continente.
Por eso, hoy 3 de Mayo que se cumplen 33 años de aquel desastre químico, los activistas además de realizar la manifestación respectiva, anunciarán formalmente la petición de una consulta popular a fin de que los cordobeses obliguen al alcalde Martínez a permitir la construcción de la clínica oncológica.
Los activistas exigen que se aplique en Córdoba la Ley de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular.
A la par, lanzaron la convocatoria a través de la plataforma Charge.org para recolectar firmas de los ciudadanos con el mismo propósito.
Es inaudito que la ayuda contra el cáncer tenga que ser sometida a un referendo como si no fuera un asunto de obvia urgencia.
Lo “inexplicable” que alega Rosalinda Huerta sobre la decisión del ayuntamiento guinda se entiende con tres definiciones: son indolentes, son irresponsables y son desalmados.
LOS MORTÍFEROS
Más repudiable es que el alcalde Martínez Flores al tiempo que niega la ayuda a cientos, quizás miles, de cordobeses que estuvieron y están expuestos a los químicos cancerígenos de Anaversa, destine millones de pesos para aumentar la riqueza de solo dos familias que ni siquiera son de la ciudad: los Fararoni Mortera y los Gómez Cazarín.
Desde el 2022, el ayuntamiento ha pagado la emprea Transportes Mortera S. A., propiedad de los diputados Rafael Fararoni y Juan Gómez, 38 millones 976 mil pesos por el alquiler de diez camiones recolectores de basura.
Ambos legisladores chantajearon al edil para otorgar el contrato millonario a su compañía a cambio de no auditarlo.
Vaya, con tal cantidad se hubiera cubierto el 90 por ciento del valor del terreno para construir la clínica oncológica, pero prefirieron darle ese dinero al par de políticos corruptos dejando a los enfermos a su suerte.
Ellos, los ediles y los contratistas, son tan mortíferos como el cáncer.
Ah, y ¿adivinen quien presionó en el cabildo cordobés para que se negara la construcción del hospital?
La síndica Vania López, exoperadora de los ‘moches’ y ‘transas’ de Gómez Cazarín en el congreso local y sobrina del exsecretario de Educación, Zenyazen Escobar, quien busca ser diputado federal por Córdoba.
¡El tipo es capaz de ir a pedir el voto a los cancerosos! No tienen alma ni vergüenza.
*Envoyé depuis Paris, France.
