PEDÍAN DINERO PARA DEJAR TRABAJAR A VENDEDORA DE ALIMENTOS
Por VÍCTOR PINEDA /NOTIVER
Bryan Alexis “N” y Luis Fernando “N”, de nacionalidad colombiana, fueron sentenciados a siete años de prisión por el delito de extorsión bajo la modalidad de “derecho de piso”, informó la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.
De acuerdo con la autoridad, ambos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial en flagrancia, luego de que una mujer de 40 años denunciara que era obligada a pagar cuotas para poder trabajar en su negocio de venta de alimentos, ubicado en el barrio Villalta.
Los hechos ocurrieron en junio de 2023, fecha desde la cual los ahora sentenciados ya se encontraban vinculados a proceso y cumpliendo la penalidad impuesta.
La víctima, identificada con las iniciales M.C.T.N., pidió apoyo a las autoridades justo en el momento en que estaba siendo extorsionada, lo que permitió la captura inmediata de los agresores.
Los dos extranjeros fueron presentados ante el juzgado de procesos y procedimientos orales, el cual emitió la resolución condenatoria.
La Fiscalía dio a conocer esta sentencia durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.
Explicación sobre el delito de "derecho de piso" en México
El delito de extorsión bajo la modalidad de “derecho de piso” es una forma de extorsión en la que grupos criminales exigen pagos periódicos a dueños de negocios, como "cuotas" para protegerlos o permitir que operen sin agresiones, bajo amenazas de violencia o daño a sus propiedades.
Este delito está tipificado en el Artículo 390 del Código Penal Federal de México, que establece penas de 2 a 8 años de prisión, las cuales pueden aumentar si hay violencia o la participación de organizaciones criminales.
Las víctimas suelen temer denunciar por represalias, pero existen mecanismos legales para su protección, como denuncias anónimas y apoyo de las autoridades.
En este caso, la captura inmediata de los acusados se debió a la denuncia realizada por la víctima durante el acto de extorsión, lo que posibilitó la detención en flagrancia y la posterior sentencia de siete años de prisión.
