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¡SEIS AÑOS POR ROBAR VACAS!

Así lo planteó el diputado Roberto Francisco San Román Solana, quien planteó que se tipifique las conductas que perjudican a los ganaderos y el bienestar social y económico del estado, no previstas por el Código Penal, y que se castiguen...

¡SEIS AÑOS POR ROBAR VACAS!

*Abigeato es tratado como delito patrimonial
*Se llevan de todo

Por Noemí Valdez
Reportera de NOTIVER

El abigeato en Veracruz ha incrementado y es necesario que se incrementen las penas para quienes lo cometan.

Así lo planteó el diputado Roberto Francisco San Román Solana, quien planteó que se tipifique las conductas que perjudican a los ganaderos y el bienestar social y económico del estado, no previstas por el Código Penal, y que se castiguen con prisión de uno a seis años y de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).


Al respecto, dijo que el delito de abigeato tiene implicaciones en el ámbitos social, económico, patrimonial y de seguridad alimentaria.

Por eso es necesario actualizar el Código Penal del estado y generar así un marco jurídico acorde con el contexto actual.

“El daño ocasionado por el delito de abigeato no se limita a la pérdida de un animal, sino que ésta constituye además daños a la economía del sector ganadero, limitando y mermando la correcta operación de los ranchos y, por ende, la generación de nuevos empleos y el mantenimiento de los existentes”.

La afectación abarca también años de trabajo de selección genética, la continuidad de los ciclos de producción y reproducción, la disponibilidad de los productos y la salud pública, pues -explicó- el sacrificio y comercio de los productos se hacen de manera clandestina y en condiciones de insalubridad, además de que quienes cometen el delito de abigeato no distinguen entre animales enfermos y sanos.

Añadió que, por tratarse de una conducta o conjunto de conductas que afecta lo social, lo público y lo patrimonial, requiere que su clasificación normativa se modifique, deje de ser catalogado y percibido como un delito estrictamente patrimonial y se considere como un delito de mayor gravedad, que afecta no sólo el interés privado de los productores, sino también el interés público, al mermar severamente la economía y la seguridad alimentaria del estado.