*122 municipios la avalaron; se modifica así la Constitución local
*Nahle propondrá quien será el fiscal o fiscala de la FGE por cuatro años
*Veronica sigue despachando
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La noche de este miércoles, el Congreso de Veracruz concretó la aprobación de la Reforma Constitucional que transforma radicalmente el proceso de designación, duración, ratificación y remoción del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), cargo que actualmente ocupa Verónica Hernández Giadáns.
La Legislatura validó la reforma luego de recibir las actas de cabildo de 122 ayuntamientos que respaldaron el decreto, ya sea mediante acuerdo expreso o por la figura de afirmativa ficta.
Con este procedimiento, se completó la validación municipal requerida por el Artículo 84 de la Constitución local, y el decreto fue turnado al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.
La reforma, modificada por los diputados el pasado 25 de noviembre, introduce cambios significativos en el manejo de la FGE.
La principal modificación es la reducción del periodo del Fiscal General, que pasa de nueve a solo cuatro años, con la posibilidad de una única ratificación para un segundo periodo.
El proceso de nombramiento se hará a propuesta del Ejecutivo y requerirá la aprobación de dos terceras partes de los diputados presentes.
Una novedad es que, si el Congreso no resuelve en el plazo previsto, el nombramiento se tendrá por aprobado por afirmativa ficta.
En caso de rechazo, el Ejecutivo enviará una segunda propuesta, y si tampoco hay resolución, podrá designar directamente a la persona titular entre las dos propuestas presentadas.
En materia de remoción, el Ejecutivo tendrá la facultad de separar del cargo al titular de la Fiscalía por causas graves estipuladas en la ley.
El Congreso puede objetar la remoción con la misma votación requerida para el nombramiento; sin embargo, si no hay pronunciamiento legislativo en cinco días hábiles, la remoción se considera firme.
La ratificación para el segundo periodo de cuatro años también corresponderá al Ejecutivo, quien solo deberá informar al Congreso para la toma de protesta.
El proyecto también actualiza los requisitos para ocupar el cargo, exigiendo ahora nacionalidad mexicana por nacimiento, un mínimo de 30 años de edad, título de licenciatura en Derecho con cinco años de antigüedad, y la aprobación de evaluaciones de control y confianza.
Además, se enfatiza que el perfil debe demostrar conocimiento jurídico, experiencia en procuración de justicia, capacidad directiva, respeto a derechos humanos y perspectiva de género.
