*Para los 212 municipios…
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Un día después que el Congreso de Veracruz aprobó de forma fast- track la iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García para reformar la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres donde se le otorga la capacidad de declarar por sí misma una situación de emergencia o desastre sin requerir la autorización del gobierno federal, la mandataria publicó su primera declaratoria.
Mediante la Gaceta Oficial del Estado, la gobernadora Rocío Nahle García emitió la Declaratoria de Situación de Desastre Estatal que abarca los 212 municipios de Veracruz.
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Lo anterior en respuesta a las lluvias e inundaciones pluviales y fluviales registradas entre el 6 y el 11 de octubre de 2025.
Esta declaratoria se basa en el marco legal recién fortalecido en el estado, específicamente en las recientes reformas a la Ley de Protección Civil, que el Congreso veracruzano aprobó el jueves, así como en la publicación de las reglas de operación del nuevo Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros, emitidas el mismo día por la Secretaría de Protección Civil estatal.
De acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria 414, publicada este jueves 16 de octubre, la totalidad de los municipios veracruzanos obtiene el reconocimiento formal de zona de desastre.
“Se declara como zona de desastre por la ocurrencia de lluvia severa, inundación pluvial e inundación fluvial del 06 al 11 de octubre de 2025 todo el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.
Cabe mencionar que aunque la Coordinacón Nacional de Protección Civil había identificado inicialmente 40 municipios afectados, con 22 de ellos catalogados como prioritarios, la decisión del gobierno estatal extiende el reconocimiento de desastre a toda la entidad.
Esta ampliación permite la movilización de recursos extraordinarios para los 212 municipios, asegurando una cobertura total para enfrentar las afectaciones.
Cabe mencionar que en la Reforma la gobernadora argumentó que la reforma es esencial para dar mayor efectividad a la operatividad de los instrumentos financieros estatales, buscando garantizar el acceso pronto a recursos para atender pérdidas, daños materiales, decesos y proteger la infraestructura pública y los servicios estratégicos ante desastres.
