*En carta abierta, persecución política sistemática
*Denuncia violaciones a sus derechos humanos
*Le fabricaron delitos y lo torturaron
Por Alba Alemán
Reportera de NOTIVER
Xalapa,Ver.- Gregorio “N”, exalcalde de Tihuatlán, dio a conocer una carta abierta en la que acusa ser objeto de una persecución política y denuncia presuntas violaciones a sus derechos humanos durante los procesos legales que enfrenta en Veracruz.
El exfuncionario asegura que su situación judicial ha estado marcada por irregularidades desde su primera detención.
El posicionamiento fue compartido a través de sus redes sociales y dirigido a autoridades federales y estatales, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Rocío Nahle, ministros de la Suprema Corte, legisladores federales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el documento solicita que su caso sea revisado por instancias externas al ámbito estatal.
Según su versión, fue detenido en abril de 2021 por elementos de seguridad pública, quienes afirma, lo señalaron sin sustento como integrante de una célula criminal.
Sostiene que durante su aseguramiento y puesta a disposición se cometieron abusos y se vulneró el debido proceso.
En el escrito relata que fue sometido a presiones físicas y psicológicas para aceptar responsabilidades penales y que, posteriormente, se construyeron acusaciones con datos presuntamente falsos dentro de las carpetas de investigación.
A partir de ello, dice, fue vinculado a proceso por distintos delitos.
Expone que pasó por varios centros penitenciarios hasta ser enviado a un penal federal de alta seguridad en Oaxaca, donde permaneció cerca de dos años.
Indica que recuperó su libertad tras obtener una resolución de la justicia federal que, según su interpretación, evidenció fallas en el caso inicial.
No obstante, señala que al salir fue reaprehendido por nuevas imputaciones, entre ellas un homicidio y un supuesto despojo registrado en 2020.
Sobre este último cargo, argumenta que no amerita prisión preventiva y que incluso estaría fuera de plazo legal, pero aun así derivó en nuevas medidas cautelares.
El exalcalde también menciona que otras personas relacionadas con el caso de homicidio han sido absueltas por jueces federales, mientras que él continúa enfrentando procesos abiertos.
Acusa a autoridades ministeriales y judiciales locales de retrasar deliberadamente las resoluciones.
Finalmente, pide la intervención de organismos nacionales para investigar la actuación de funcionarios estatales y garantizar un juicio imparcial.
Asegura que su intención es limpiar su nombre y advierte que responsabiliza a las autoridades señaladas de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia.
