Por: Noemí Valdez Reportera de Notiver
Lo que parecía una tregua institucional en el Ayuntamiento de Vega de Alatorre se desmoronó en menos de 24 horas.
El alcalde, Felipe Mata Barradas, dio marcha atrás a los acuerdos pactados con la síndica María de los Ángeles Caballero Solórzano, reactivando una crisis política que ya suma más de un mes de tensiones y acusaciones de violencia de género.
Editor86
Este martes, Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, dijo que se había establecido un compromiso para validar el nombramiento del personal de confianza de la Sindicatura.
Sin embargo, para el miércoles 18, la autoridad municipal incumplió lo establecido, negando el alta de los colaboradores de la funcionaria.
Ante la falta de garantías y el incumplimiento de la palabra del edil, la síndica cambió las cerraduras de su oficina para proteger la documentación oficial del proceso de entrega-recepción.
Asimismo, confirmó que no dará marcha atrás en la denuncia interpuesta ante el Tribunal Electoral por violencia política en razón de género.
En redes sociales el alcalde, Felipe Mata Barradas, se defendió con el siguente posicionamiento:
Quienes me conocen saben que he sido y seguiré siendo un mexicano comprometido con mi país, con mi estado y, sobre todo, con mi municipio.
Sin embargo, ante los señalamientos y afirmaciones alejadas de la verdad en los que ha incurrido la síndica electa, considero necesario aclarar los siguientes puntos, con respeto a mi gobierno y a la gente que represento: El día de la toma de protesta, la síndica intentó imponer condiciones, exigiendo la incorporación a la plantilla, a una persona que no cumple con los principios de honorabilidad, respeto y ética que exige el servicio público.
Posteriormente, por decisión propia, acudió personalmente a presentar su renuncia tanto en el Ayuntamiento como ante el Congreso del Estado de Veracruz.
Es importante señalar que, desde un inicio, la razón principal por la que ella no asumía plenamente su cargo no fue el interés del pueblo ni el bienestar del municipio, sino su insistencia en que se aceptara a una persona que no cumple con dichos principios que exige el servicio público.
Su postura siempre estuvo condicionada a ello, aun cuando se le reiteró que podía proponer a alguien más en su lugar, opción que ella decidió no aceptar.
