*Ganan otra suspensión por el derrame
*Juez contra las autoridades locales
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Un Juzgado de Distrito con sede en Coatzacoalcos concedió una segunda suspensión provisional dentro del juicio de amparo promovido contra las omisiones de las autoridades federales ante el derrame de hidrocarburos que afecta las costas de Veracruz.
Este nuevo resolutivo complementa una medida previa y subraya la urgencia del caso, ordenando a las dependencias responsables cesar de inmediato las omisiones reclamadas para mitigar el deterioro ambiental, remediar los daños y restaurar el equilibrio ecológico en las zonas impactadas.
El dictamen judicial establece obligaciones específicas, tales como la paralización inmediata de cualquier actividad que continúe generando contaminación y la implementación de acciones de limpieza urgente en playas, manglares y zonas marinas.
Asimismo, el juez ordenó la protección prioritaria de la fauna afectada y la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano.
Las autoridades señaladas cuentan con un plazo de 48 horas para rendir un informe detallado y acreditar los trabajos de conservación, limpieza y disposición de residuos peligrosos bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento.
Esta resolución refuerza el frente judicial abierto el pasado 6 de abril, cuando el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Ulises Rivera González, otorgó una suspensión similar en favor de la organización "En el Corazón está el Cambio" y el activista Juan Carlos Atzin Calderón.
Aquella medida instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a desplegar todas sus facultades legales para atender los daños irreparables en las costas de Veracruz y Tabasco, autorizando incluso la contratación de particulares especializados para garantizar la disposición final de los contaminantes.
En su argumentación, el juzgador reconoció el interés legítimo de los promoventes como habitantes de la zona afectada y enfatizó que la protección del ecosistema es una preocupación de interés general, dado que la contaminación repercute directamente en la salud y el bienestar social.
Al considerar que la medida busca preservar el beneficio colectivo, se fijó el 10 de abril como la fecha para la audiencia incidental en la que se determinará si se otorga la suspensión definitiva, mientras las autoridades deben iniciar de oficio los procedimientos estipulados en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
