* Hombres piden paridad; mujeres también
*Seis municipios con problemas
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Pobladores de al menos seis municipios veracruzanos como Altotonga, Tatahuicapan, Texistepec, Puente Nacional, Ayahualulco y Emiliano Zapata se manifestaron en contra de las nuevas convocatorias para la elección de agentes y subagentes municipales.
El conflicto principal radica en la reducción masiva de comunidades reconocidas, lo que dejaría a decenas de localidades sin representación oficial ni acceso directo a recursos; además de la paridad de género donde la mitad de representantes serán mujeres.
Esta inconformidad surgió luego de que el Congreso de Veracruz condicionara la renovación de estas autoridades auxiliares al cumplimiento estricto de la paridad de género y nuevos filtros de elegibilidad, obligando a los ayuntamientos a ajustar sus convocatorias antes del segundo domingo de abril.
La normativa establece que las nuevas autoridades deben tomar protesta el 1 de mayo, garantizando que el 50% de los cargos sean ocupados por mujeres para evitar simulaciones de género.
El proceso, que puede realizarse mediante voto secreto, consulta o apoyo ciudadano, prohíbe la reelección inmediata de propietarios y exige que los aspirantes no tengan antecedentes penales dolosos ni adeudos alimentarios, marcando un precedente de fiscalización más riguroso en la vida política de las congregaciones veracruzanas.
En Puente Nacional- la protesta la encabezaron en su mayoría hombres quienes estaban inconformes con la aplicación de la paridad.
En Emiliano Zapata, pobladores bloquearon la carretera en Palo Gacho acusando discriminación a una aspirante.
En el caso de Texistepec, habitantes de 33 comunidades se movilizaron pacíficamente frente al Palacio Municipal para denunciar que la reestructuración reduce drásticamente el número de localidades con representación oficial, transformando a la mayoría en simples comisariados.
Por su parte, en Altotonga la tensión aumentó tras la eliminación de 43 agencias y subagencias del proceso electoral.
El alcalde Juan Pablo Becerra justificó la medida basándose en los datos del censo del INEGI, argumentando que muchas comunidades ya no cumplen con los requisitos poblacionales.
Sin embargo, los ciudadanos señalaron que esto deja en el abandono a las rancherías más alejadas y los instó a recurrir a los tribunales electorales para defender sus derechos político-electorales si consideran que la exclusión es injustificada.
Situaciones similares se replicaron en Tatahuicapan y Ayahualulco, donde la toma de instalaciones y denuncias públicas exponen el descontento por la reclasificación de comunidades a "caseríos".
Los manifestantes señalaron que estos cambios no solo ignoran los usos y costumbres, sino que impactan directamente en la gestión de recursos y obras públicas, ya que estas figuras funcionan como auxiliares directos de la administración municipal y agentes de servicio social para sus vecinos.
