*Por las cochinadas en la entrega- recepción
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El arranque de las nuevas administraciones municipales en el estado de Veracruz ha estado marcado por la incertidumbre, enfrentando un panorama crítico que incluye edificios en mal estado, ausencia de documentación oficial y el robo del parque vehicular.
Ante este escenario, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades entrantes a cumplir rigurosamente con sus obligaciones legales en el proceso de entrega y recepción.
En su planteamiento, el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia explicó que los nuevos ayuntamientos tienen la responsabilidad inmediata de conformar la comisión especial encargada del dictamen.
Dicho cuerpo colegiado debe someter a consideración del cabildo las observaciones pertinentes para acordar, en vía de opinión, las consideraciones que serán enviadas al Congreso local, tal como lo establecen la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal.
El legislador detalló que los ayuntamientos deben emitir formalmente este Acuerdo en vía de opinión sobre el estado en que recibieron la administración.
Una vez realizada la certificación legal correspondiente, el documento deberá ser remitido a la Soberanía a través de la Secretaría de Fiscalización, adjuntando tanto el Acta Circunstanciada como el expediente completo para los efectos de la revisión de las Cuentas Públicas Municipales.
De acuerdo con lo expuesto, este informe será integrado a la cuenta pública que se entregue durante los primeros cuatro meses del presente año.
Este paso es fundamental para que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) pueda incorporar los hallazgos y anomalías del proceso de transición en sus auditorías, garantizando que el desorden administrativo detectado sea debidamente fiscalizado.
Finalmente, Miguel Guillermo Pintos Guillén consideró que el protocolo del 1 de enero fue solo el inicio de un proceso legal más profundo.
Insistió en que las autoridades entrantes no deben omitir estos pasos, ya que la fiscalización de los recursos públicos es un mandato que garantiza la transparencia frente al deterioro y las faltas administrativas heredadas.
